Condenamos firmemente la última masacre cometida por Israel en la asediada Franja de Gaza. Más de 2.160 personas palestinas han sido asesinadas, y más de 10.800 han sido heridas, mientras más de 500.000 fueron desplazadas a la fuerza. Las Naciones Unidas y otros órganos internacionales acusan a Israel de haber atacado deliberadamente a civiles e infraestructuras civiles incluyendo escuelas y hospitales, además de otros crímenes de guerra.
En palabras de un alto representante de la UNRWA Pierre Krähenbühl, «unos niños y niñas asesinadas en sus camas mientras dormían es una afrenta para todos nosotros, es un motivo de vergüenza universal. Hoy el mundo ha sido deshonrado».
Pero las violaciones del derecho internacional por Israel se remontan a mucho antes de este último ataque contra la Franja de Gaza. Durante décadas, Israel ha negado el derecho de autodeterminación del pueblo palestino, al apropiarse deliberadamente de territorio y recursos palestinos por la fuerza, transferir a la fuerza a los palestinos de su tierra, discriminarles sistemáticamente y reprimir brutalmente a aquellos que intentan oponerse a la ocupación israelí y a sus violaciones de los derechos humanos. Inmediatamente después de finalizar la masacre en Gaza, Israel anunció una de sus mayores anexiones ilegales de territorio palestina en Cisjordania al confiscar otras 400 hectáreas de la región de Belén para expandir sus asentamientos ilegales. Las Naciones Unidas, la Unión Europea y otros órganos han acusado a Israel de vulnerar la legalidad internacional en el contexto de esta ocupación del territorio palestino.
Con el mantenimiento del Acuerdo de Asociación UE-Israel y el estrechamiento de las relaciones bilaterales, la Unión Europea y sus Estados miembros lanzan a Israel el mensaje de que no tiene que respetar la legalidad internacional. La Unión Europea contribuye al clima de impunidad y falta de rendición de cuentas. Al continuar obsequiando un acceso preferencial a los mercados europeos y a los programas y financiación de la Unión Europea a pesar de sus persistentes violaciones de la legalidad internacional, la Unión Europea da luz verde a Israel para violar la ley internacional y falta a sus propias obligaciones bajo dicha normativa internacional.
Como organizaciones que rechazamos todas las formas de discriminación, incluyendo el antisemitismo y la islamofobia, y defensoras del derecho de todos los pueblos de vivir con libertad y dignidad, llamamos a la Unión Europea a suspender el Acuerdo de Asociación UE-Israel hasta que Israel cumpla con la legalidad internacional. También llamamos a todas las personas en Europa a unirse a nuestra demanda.
Fuente: A European call to suspend the EU-Israel Association Agreement, European Coordination of Committees and Associations for Palestine (ECCP), 3/11/2014.
Desde hace tiempo las organizaciones de la sociedad civil han reclamado a los gobiernos que sean más coherentes en su defensa del derecho internacional y que, ante la ocupación ilegal de Palestina que se remonta a varias décadas, impulsen medidas de diversa índole que traduzcan sus declaraciones de principios en actos concretos que demuestren su voluntad de impedir la razón de la fuerza de la potencia ocupante israelí.
Como se ha venido demostrando a lo largo de las últimas décadas, la estrategia colonial israelí consiste en anexionar ilegalmente el territorio palestino sin hacerse responsable de la población autóctona palestina que lo habita. Ante las continuas expropiaciones y confiscaciones de tierras árabes y palestinas por el estado israelí y sus esfuerzos por deshacerse de la población palestina, empobrecerla y arrojarla a la caridad internacional, es necesario y urgente que los gobiernos de la Comunidad Internacional velen por la defensa del derecho internacional. Deben asumir sus responsabilidades como estados partes de las Convenciones de Ginebra y suspender toda clase de acuerdos que beneficien estas políticas israelíes, que lejos de ser coyunturales, forman parte de un ideario colonial fundamentalista y supremacista, compartido por la mayor parte del espectro político israelí.
En julio y agosto 2014, Israel ha asesinado a más de 2.100 personas palestinas en la asediada Franja de Gaza. De estas víctimas, más de 500 eran niños y niñas, y la gran mayoría murieron sepultados bajo los escombros de sus casas. Hay más de 10 mil personas heridas con gravedad. Más de 108.000 personas han perdido su casa. Escuelas, hospitales y lugares de culto han sido demolidos. Israel ha demostrado una vez más cómo experimenta las armas que fabrica contra población civil palestina, y que el material de uso militar que importa de otros países, incluyendo el nuestro, es usado para cometer crímenes de guerra.
Asimismo, no hay que olvidar la violencia cotidiana que ejerce la potencia ocupante israelí en todo el territorio palestino ocupado. Este verano, mientras caían toneladas de bombas en Gaza, Israel ha agudizado la represión contra la población palestina. Ha asesinado a decenas de personas en este territorio. Ha multiplicado las detenciones administrativas (sin cargo ni juicio) y arrestado a más de 2.000 personas en vulneración de sus derechos procesales, incluyendo a varias personas del Consejo Legislativo Palestino.
Han continuado las deportaciones, el drama de los refugiados y las expropiaciones ilegales. Así, pocos días después de alcanzar una tregua con las facciones palestinas, Israel ha anunciado una de sus mayores confiscaciones de territorio palestino ocupado, con la anexión de más de 400 hectáreas al lado de Belén para su actividad colonial ilegal.
En el transcurso de este último cruento episodio del genocidio contra el pueblo palestino, el gobierno español ha mostrado su interés por respetar la posición común del Consejo de Seguridad y Asuntos Exteriores de la Unión Europea 2008/944CFSP del 8 de diciembre 2008 que define las reglas comunes de control de exportación de tecnología y equipamiento militar. La suspensión temporal de venta de armas a Israel es una señal de coherencia con la posición europea expresada en la última conferencia de Naciones Unidas sobre Tratado de Comercio de Armas, según la cual las transacciones de armas deberían ser denegadas cuando existe un riesgo claro de que estas armas sean utilizadas para cometer graves violaciones del Derecho Internacional Humanitario y del Derecho Internacional de los Derechos humanos.
Por eso, expresamos nuestro firme respaldo a su decisión de suspender temporalmente la venta de armas a la potencia responsable de la matanza de civiles en Gaza. Sin embargo, para ser coherente y eficaz, esta medida deber mantener y profundizarse. No cabe la menor duda de que, en caso de reanudar sus transacciones armamentísticas con Israel, las armas exportadas a ese país serán utilizadas para cometer graves violaciones del derecho internacional. También es evidente que las armas que el gobierno compra a Israel son armas que han sido testadas contra civiles palestinos, en vulneración del Derecho Humanitario Internacional. Por ello, esa decisión de suspender temporalmente la venta de armas tiene que convertirse en una suspensión indefinida de cualquier compra venta de armas con esta potencia ocupante hasta que respete la legalidad internacional, en especial la IV Convención de Ginebra.
Si el gobierno español, como ha manifestado en varias ocasiones, quiere contribuir al alcance de una paz justa y sostenible en Palestina, es necesario que ponga los medios para ello, y que adopte medidas que rompan la espiral de violencia armada institucional que desestabiliza la región, arranca la vida a miles de víctimas inocentes e indigna a millones de personas alrededor del mundo, como se ha evidenciado este verano en las calles de más de cuarenta ciudades del estado. La suspensión indefinida de las transacciones de armas con Israel es el comienzo de este camino.
Atentamente,
Organizaciones firmantes:
