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  • BDS en el mundo árabe: del boicot de los Gobiernos al boicot de los ciudadanos

    BDS en el mundo árabe: del boicot de los Gobiernos al boicot de los ciudadanos

    Luz Gómez. Rebelión.
    Este artículo es una versión ampliada del capítulo correspondiente del libro: Luz Gómez (ed.): BDS por Palestina. El boicot a la ocupación y el apartheid israelíes, Madrid, Ediciones del Oriente y del Mediterráneo, 2014.

    El mundo árabe tiene una historia propia de boicot a Israel que condiciona el actual desarrollo en sus sociedades del movimiento de Boicot, Desinversiones y Sanciones (BDS), nacido en 2005 de un llamamiento de 172 asociaciones, sindicatos, organizaciones y partidos palestinos. Esta experiencia distinta tiene dos precedentes: el boicot comercial y financiero a Israel decretado por la Liga Árabe en 1948 y la lucha contra las políticas de «normalización» de Israel posteriores a los Acuerdos de Oslo de 1993. Estos dos hechos comparten la misma dialéctica no resuelta característica de la historia poscolonial de la región, marcada por la tensión entre las pulsiones panarabistas y los intereses estatales. En todos los países árabes la «cuestión palestina» ha sido a la vez un asunto de política interior, interárabe e internacional. Puede pesar como un lastre o ser un impulso, pero es una realidad que determina la estrategia árabe dentro del llamamiento global del BDS.

    Junto a ello, las revueltas árabes en curso han introducido un factor nuevo en la marcha de la solidaridad con Palestina en el mundo árabe. Los levantamientos pacíficos han sacado a la luz el potencial del activismo civil frente a la hipocresía de la política institucional, y una vez más se ha puesto en evidencia que mientras los árabes no sean dueños de su destino, Palestina no lo será del suyo, y viceversa.

    Grafiti en una calle de Egipto de un dibujo de Carlos Latuff.
    Grafiti en una calle de Egipto de un dibujo de Carlos Latuff.

     

    El boicot de la Liga Árabe: de la Nakba a Camp David

    En octubre de 1945, al poco de su creación, la Liga Árabe apoyó de manera expresa el llamamiento al boicot a los productos y servicios sionistas promovido en los años treinta por los líderes palestinos, y unos meses después lo amplió al comercio directo entre cualquier país miembro y las entidades sionistas asentadas en Palestina. Tras la creación del Estado de Israel en 1948, se formalizó el boicot contra el Estado de Israel propiamente dicho. En 1950 la Asamblea de la Liga Árabe (resolución 314) amplió el boicot en su forma original prohibiendo toda relación económica y comercial con terceros que tuvieran relación con Israel. Resulta por ello habitual que se hable de tres niveles de boicot, o boicot primario, secundario y terciario, si bien, según cuenta Nancy Turck, este lenguaje propio de la política norteamericana fue desconocido entre los árabes hasta la década de 1970 [2], cuando el boicot comenzó a preocupar en los círculos económicos occidentales y a discutirse con sus contrapartes árabes. Como se verá, la adopción árabe de este vocabulario fue pareja a la desintegración del boicot real, relativizado por la lógica de los «niveles».

    Siguiendo la formulación de los tres niveles, hoy estándar, se denomina boicot primario al que prohíbe toda transacción e intercambio directos entre los países árabes o sus nacionales e Israel y los suyos. El boicot secundario afecta a cualquier compañía o persona de cualquier país cuyos tratos con Israel supongan el fortalecimiento económico y militar de éste. En un tercer nivel, se prohíbe a toda empresa extranjera que opere en el mundo árabe el uso de materiales, equipamiento y servicios de firmas objeto del boicot.

    La Liga Árabe concebía el boicot como una estrategia política de presión internacional en el marco de la guerra no cerrada con Israel, pues cabe recordar que el armisticio de 1949 no supuso la paz oficial entre los contendientes, sino el fin de las hostilidades armadas. Para la coordinación y seguimiento del boicot se creó en 1951 la Oficina Central del Boicot (OCB), con sede en Damasco y sucursales en las capitales árabes. En reuniones semestrales se establecían las directrices comunes, que no eran vinculantes, sino que luego se formalizaban según los diversos intereses nacionales. Una de las principales iniciativas de la OCB fue la elaboración de una «lista negra» de empresas que incumplían el boicot, generalmente a partir de las respuestas a un cuestionario que la OCB enviaba a las firmas interesadas en invertir en algún país árabe: Ford, Xerox, Topps o Miles Laboratories son algunas de las que figuraron en ella. Sin embargo, la «lista negra» no era unitaria sino estatal, y cada empresa tenía que satisfacer los protocolos locales. Así, por ejemplo, en los años setenta era imposible encontrar Coca-Cola en Egipto, Siria, Kuwait o Irak, mientras que era un producto común en Túnez o Marruecos. Es más, Argelia, Marruecos, Mauritania, Túnez y Sudán nunca elaboraron «listas negras», y en la práctica solo siguieron el boicot primario. Por el contrario, Kuwait era uno de los países más estrictos en la aplicación del boicot. El secretismo de la OCB, la descoordinación y la falta de objetivos vinculantes lastraron desde un primer momento la efectividad del boicot proyectado por la Liga Árabe. Y sobre todo, impidieron que el mundo entendiera por qué el boicot y el aislamiento de Israel eran legítimos.

    Por otro lado, muy pronto se vio la dificultad de implementar el llamado «boicot terciario», que, como mucho, quedó reducido a los grandes proyectos de infraestructuras. También hubo excepciones legales, como la exención del boicot en las transacciones Gobierno-Gobierno, que permitía a los Estados árabes comprar equipamiento militar a las mismas compañías que proveían a Israel, o la excepción generalizada del boicot en el ámbito del turismo. Con todo, la llamada al boicot, con su simbolismo, fue respaldada a su vez por el Movimiento de los No Alineados en los años sesenta, y luego por la Organización de la Conferencia Islámica, y si bien sus resultados han sido más bien pobres en el terreno económico, en el político no ha dejado de tener trascendencia hasta la actualidad.

    Ni Estados Unidos ni Israel, los principales afectados, parecieron preocuparse en exceso por el boicot hasta la crisis del petróleo de 1973. Isaac Rabin, primer ministro de Israel, dedicó al asunto una minuciosa exposición ante el Parlamento israelí en 1975, en la cual alertaba sobre las nefastas consecuencias del mantenimiento del boicot para las inversiones extranjeras en Israel. Pero de cara a la opinión pública ese mismo año Chaim Bar-Lev, ministro de Comercio e Industria, negaba la evidencia en una visita a Washington: «El boicot árabe no significa nada para nosotros. No afecta en absoluto a Israel» [3]. En 2014, ya en los tiempos del BDS, hemos podido escuchar una frase igual de displicente en boca del actual ministro de Economía, Naftali Bennett: «Más vale un boicot que la creación de un Estado palestino» [4].

    El cambio en los equilibrios internacionales que supuso la utilización del petróleo como arma política por parte de la OPEP afectó de manera decisiva al boicot tal cual venía practicándose. El alza de los precios disparó los ingresos de los Estados árabes productores, convertidos de repente en atractivos consumidores para las empresas norteamericanas: EEUU pasó de 1.000 millones de dólares en exportaciones a países árabes en 1971 a 5.400 millones en 1975 y 6.900 millones en 1976 [5]. Para allanar el camino a sus empresas, el Gobierno norteamericano decidió, tras varias normativas parciales que se remontaban a 1959 y 1965, promulgar una legislación antiboicot. No faltó en ello el acostumbrado argumentario moral, que acusaba al boicot de la Liga Árabe de antisemita, afirmando que se regía por criterios étnicos y religiosos; como prueba, se aducían lecturas torticeras o malas traducciones de los protocolos en árabe, como la traducción del término «sionista» por «judío» o «hebreo». Nancy Turck concluía en su informe para la revista Foreing Affairs:

    «Los “Principios Generales para el Boicot a Israel”, un compendio de regulaciones sobre el boicot publicado por el OCB, no contienen criterio alguno para el boicot basado en el origen étnico o religioso, y a lo más que se llega es a definir el sionismo en el contexto del apoyo económico y político a Israel». [6]

    Finalmente, en 1979 la Administración Carter incluyó la normativa antiboicot en la Ley para la Administración de las Exportaciones, que declaraba ilegal y sancionaba por la vía civil y criminal a las empresas que participaran en un boicot no patrocinado por EEUU. Algunas, como McDonald’s, prefirieron pagar las multas antes que perder sus mercados árabes. Se calcula que hacia 2005, EEUU había recaudado 26,5 millones de dólares en sanciones [7]. Pero en líneas generales la presión norteamericana surtió efecto y la supervisión árabe se relajó. Además, el boicot pasó a formar parte de la agenda política norteamericana, y el Congreso encargó periódicamente informes de seguimiento a la unidad de Comercio y Finanzas Internacionales de su Servicio de Investigación, algunos de los cuales solo se han conocido gracias a WikiLeaks.

    Europa, que nunca llegó a legislar en esta materia a la manera de EEUU, no se vio presionada por los intereses encontrados de sus empresas, que hasta más tarde no se involucraron a fondo en el mercado israelí. Pero a fecha de hoy la UE es el principal importador de productos israelíes (más de 14.000 millones de dólares en 2012, frente a los 11.000 millones de EEUU) y el primer proveedor de Israel (que importó 22.000 millones de dólares de la UE y 8.000 millones de EEUU). En este nuevo contexto, en el Parlamento Europeo se han promovido recientemente algunas iniciativas, si bien minoritarias, solicitando que la UE se alinee con EEUU y presione a sus socios árabes. Lo resume una pregunta parlamentaria de febrero de 2013 a la Comisión:

    «1. ¿Cuál es la postura de la Vicepresidenta/Alta Representante en relación con la imposición del boicot de la Liga Árabe a Israel, que es un país democrático y amistoso, además de un socio comercial habitual de la UE?
    2. ¿Qué medidas ha tomado ya la Vicepresidenta/Alta Representante para debatir este asunto con la Liga Árabe?
    3. ¿Está dispuesta la Vicepresidenta/Alta Representante a cooperar con el Gobierno de los Estados Unidos para exigir que se ponga fin oficialmente al boicot?»

    Sin embargo, en un sentido político más amplio el boicot de la Liga Árabe murió, como tantas otras cosas, con la firma de los Acuerdos de Paz entre Egipto e Israel en 1978. En Camp David se enterró el sueño unitario árabe, que en buena medida se había forjado en la lucha contra Israel. Y aunque Egipto fue expulsado de la Liga Árabe, la década de 1980 fue testigo de la práctica disolución del boicot como arma de presión económica y política. El boicot fue quedando reducido a una retórica versión primaria en boca de los gobernantes árabes: resultaba difícil liquidarlo sin que se viera afectada la imagen de soberanía de los Estados, que seguían sin establecer relaciones diplomáticas con Israel. El alzamiento palestino de la Primera Intifada y el llamamiento de los líderes del interior al boicot comercial, fiscal y funcionarial en los Territorios Ocupados [8] no cambió esta dinámica. En el mundo árabe los ochenta fueron los años del boicot sin boicot. O del chocolate Nestlé sin fronteras: ¡por fin se vendía en Riad y en Tel Aviv!

     

    «Normalización se deletrea O-s-l-o»

    Edward Said tituló un artículo publicado en Haaretz el 11 de octubre de 1998 «Apartheid se deletrea O-s-l-o». Igual podría decirse de la «normalización». Son las dos caras de la moneda de Oslo: apartheid para Palestina, normalización para Israel. En árabe, la expresión que se utiliza para «normalización» es todavía más ajustada: tatbii, esto es, «naturalización». La «normalización» pretende borrar la historia, el derecho internacional y la noción misma de justicia para consagrar a nivel internacional el estado de cosas interno: la ocupación y el régimen de apartheid. La normalización, además, convierte a Israel en un socio legítimo, cuando no indispensable, en la región.

    Como se vio a reglón seguido de los Acuerdos de Paz de Oslo (1993), la estrategia israelí de «normalización» estaba meticulosamente diseñada. Para Israel, acabar con su aislamiento regional significaba en primera instancia introducirse en los mercados árabes como proveedor de alta tecnología y bienes de equipo, toda vez que la crisis de los años ochenta había mostrado la debilidad estructural de su economía. Lester Thurow, economista estadounidense, lo explicaba así tan solo unos meses antes de Oslo:

    «Los que en la región no producen petróleo deberán fabricar bienes para los que producen petróleo. Israel debería llevar a la mesa de intercambio tecnología, industrias de categoría intermedia y capacidad de organización. Pero nada de eso pude ocurrir si antes no se solucionan las disputas en el mundo árabe e Israel». [9]

    Esto ya se venía ensayando con Egipto: en 1992 Egipto exportó a Israel por valor de 967 millones de libras (sobre todo petróleo, y en segundo lugar productos agrícolas) e importó por valor de 41 millones (fundamentalmente semillas, fertilizantes y material de regadío). En un mercado occidental globalizado, la economía israelí, aislada en Oriente Próximo, amenazaba con convertirse en una carga para sus socios, o peor aún, con ser superflua.

    En mayo de 1994 el Gobierno israelí y la naciente Autoridad Nacional Palestina (ANP) firmaron el Protocolo de París, que regulaba el marco de las relaciones económicas y financieras entre Israel y los territorios gestionados por la ANP. Si bien previsto para un periodo transitorio de cinco años, sigue en vigor en la actualidad, y en 2012 la ANP pidió formalmente a Israel su renegociación. Es un ejemplo más de la perpetuación de la transitoriedad y las asimetrías de Oslo. Por otra parte, en octubre de 1994, Jordania firmó su tratado de paz con Israel, y cuatro meses después los grandes hombres de negocios egipcios, jordanos, norteamericanos y palestinos acordaron en la Declaración de Taba «aunar esfuerzos para acabar con el boicot a Israel» [10].

    El Protocolo de París supedita la economía palestina a Israel, que controla el agua, la tierra y las fronteras, y la somete a la supervisión del FMI y el Banco Mundial, de los que depende la ANP para seguir recibiendo la ayuda financiera de los países donantes. Los fondos de ayuda estadounidenses y europeos han servido para promover proyectos de normalización económica, que alimentan las relaciones de poder desiguales y mantienen la ficción de las negociaciones de «paz». Un macroproyecto paradigmático es el llamado «Corredor de la Paz». Comprende un ferrocarril Jordania-Yenín-Haifa, un canal para unir el mar Muerto y el mar Rojo y la construcción de infraestructuras turísticas regionales, pensadas sobre todo para los árabes de los países del Golfo y que constituyen una seria amenaza para el precario ecosistema de la zona. Por el Corredor de la Paz se pretende que circulen los productos de las Zonas Industriales Cualificadas (ZIC), el plan estrella de la normalización.

    Para la puesta en marcha de las ZIC se precisó la implicación directa del Gobierno de EEUU. Las ZIC, situadas en zonas estratégicas de Egipto, Jordania y Cisjordania, han atraído industrias deslocalizadas de la región, con el consiguiente perjuicio para las economías locales, y han introducido la tecnología punta israelí, de la que ahora dependen. Las mercancías de las ZIC llevan la etiqueta «made in Jordan» o «made in Palestine», subterfugio que en el mundo árabe facilita la circulación de productos israelíes susceptibles de ser boicoteados por la población. Hay que añadir que esta producción penetra libre de aranceles en el mercado norteamericano, de modo que el resto de la exportación regional no puede competir con ella.

    También a escala internacional no árabe la normalización ha reportado notables beneficios a Israel. Destacan las inversiones de Japón (en el pasado uno de los países más escrupulosos en el cumplimiento del boicot de la Liga Árabe) en las industrias automovilística y electrónica, que han contribuido a la bajada de los precios de numerosos bienes de consumo en Israel.

    En este contexto de desintegración generalizada del espíritu y la forma del boicot de 1948, la propia Liga Árabe, que en su origen lo había concebido como una estrategia política en la lucha común contra el sionismo, pasó a considerarlo en función del proyecto de consecución de un Estado palestino independiente en las fronteras de 1967, con Jerusalén Oriental como capital. Los países del Consejo de Cooperación del Golfo (Kuwait, Bahréin, Catar, Omán, Emiratos Árabes Unidos y Arabia Saudí) anunciaron su renuncia formal al boicot secundario y terciario tras la firma del Tratado de Paz Jordano-Israelí. Y muy pronto Catar, Omán y Marruecos establecieron relaciones comerciales directas con Israel. Entre 1993 y 2001 la Oficina Central del Boicot no se reunió. Cuando lo hizo en 2004, bajo la presión de la Segunda Intifada, asistieron 19 Estados, y faltaron Egipto, Jordania y Mauritania, los tres países que, junto con Marruecos y Túnez, ya habían establecido relaciones diplomáticas con Israel.

    Aunque a raíz de la Segunda Intifada pareció que las nefastas políticas árabes de normalización iban a dar un vuelco, lo cierto es que todo se quedó en el terreno de los buenos propósitos. La Liga Árabe aprobó en 2003 una resolución llamando a intensificar el desvaído boicot (solo Líbano seguía manteniéndolo de hecho en los tres niveles), pero con escaso éxito: en el primer semestre de 2004 el comercio árabe con Israel creció un 47%, y esto sin incluir el negocio a través de países intermediarios como Chipre [11]. En 2007 la OCB volvió a reunirse (esta vez con la participación de 14 Estados, 5 menos que en 2004) y propuso que se reactivara el mecanismo de las listas negras, pero ningún país, salvo Siria, se manifestó dispuesto a asumir las consecuencias inmediatas, como por ejemplo romper con Nestlé.

    En la actualidad la Liga Árabe sigue manteniendo oficialmente el boicot y hasta lo incluye en el orden del día de sus plenarios. Pero en la práctica no se va más allá de las declaraciones de principios. Y aunque el lobby proisraelí de EEEUU lo sigue incluyendo entre sus prioridades, Doron Peskin, consultor israelí especializado en relaciones comerciales con el mundo árabe, lo ha resumido sin tapujos: «El boicot árabe solo existe hoy de boquilla».

     

    Movimiento antinormalización y BDS

    La respuesta de las sociedades árabes a las políticas de normalización promovidas por sus Gobiernos fue inmediata. Desde el principio se denunció el carácter transversal y hegemónico de la normalización/naturalización y se pusieron en marcha estrategias para contrarrestarla. A nivel popular, arraigó el boicot al consumo de productos israelíes, y tras la Segunda Intifada aumentó además el rechazo a las multinacionales que los ciudadanos relacionaban con el conflicto: en Mascate, por ejemplo, los directivos de McDonald’s y KFC reconocieron que la Intifada había influido en la caída de sus ingresos en 2002 [12]. A nivel organizativo, se constituyeron los llamados «movimientos antinormalización», que abrieron un camino en el mundo árabe a lo que luego sería el movimiento BDS global. Su historia anticipa, en buena medida, la del BDS.

    El movimiento antinormalización jordano fue pionero. Hisham Bustani, uno de sus fundadores y destacado militante de izquierda, definió en 1996 la lucha contra la normalización como: «el rechazo a establecer trato o relación con ningún individuo, compañía, institución o producto sionista (sea político, comercial, personal, cultural, turístico, etc.)» [13]. El movimiento antinormalización jordano preludió formas de organización posteriores al incorporar a distintos sectores cívicos. Su motor fue la Unión de Asociaciones Profesionales, y en el organigrama del Comité Nacional Anti-Normalización (NANC, por sus siglas en inglés) se integraron la Asociación Jordana de Escritores, la Asociación de la Prensa Jordana, la Asociación para la Protección de los Consumidores, la Asociación de Cambistas, las Cámaras de Comercio e Industria, asociaciones de mujeres, movimientos estudiantiles de izquierda, sindicatos y partidos políticos islamistas y nacionalistas. Hasta hoy en el NANC se conjugan intereses económicos, políticos y estratégicos, pero existen distintos comités sectoriales con sus propios mecanismos de actuación para denunciar los casos de normalización, prevenirlos o neutralizarlos.

    Este modelo se siguió pronto en Egipto, el otro país objeto preferente de la normalización. Y desde finales de la década de 1990 Argelia, Líbano, Túnez, Omán, Bahréin y Marruecos han creado también sus gestoras de coordinación de actividades antinormalización. Aunque a nivel interárabe se echa en falta una estrategia conjunta, a escala internacional los movimientos antinormalización han sabido integrarse en los foros antiglobalización. Ya en 2001 el movimiento antinormalización jordano denunció en el Foro Social de Génova los intereses hegemónicos sobre la región del proyecto colonial israelí, y desde entonces los distintos movimientos antinormalización se han ido sumando al Foro Social Mundial, situando la lucha contra la normalización en la dimensión altermundista en la que cobra pleno sentido.

    A diferencia del boicot de la Liga Árabe (centralizado, secretista, protocolario, volcado en la acción exterior), el movimiento antinormalización era y es centrífugo, abierto, horizontal y se dirige a las sociedades árabes. Son características que comparte con el movimiento BDS, fruto del llamamiento palestino de 2005. Al igual que en el caso del BDS, su penetración entre los grupos de base y sindicales ha sido notable, si bien, como afirma Wissam al-Saliby, «los activistas no han sido capaces de trasladar estos logros a la política gubernamental debido a su exclusión de las altas esferas de poder y a la continua represión de los Gobiernos». Aunque esto es cierto, el movimiento BDS ha introducido sin embargo un importante giro en las prácticas antinormalización al potenciar la acción ciudadana y no privilegiar la presión política. Esto es especialmente relevante en la Campaña Palestina para el Boicot Académico y Cultural a Israel (PACBI, en sus siglas en inglés), que define la normalización en el contexto árabe y palestino como «la participación en cualquier proyecto, iniciativa o actividad, en Palestina o en el ámbito internacional, que pretenda implícita o explícitamente reunir a palestinos (y/o árabes) e israelíes (personas o instituciones) con cualquier objetivo que no sea denunciar y resistir a la ocupación israelí y a todas las formas de discriminación y opresión contra el pueblo palestino».

    Pero mientras que el ideario del BDS apela al derecho internacional y a la legalidad y deja muy claro que se dirige contra Israel y sus instituciones y empresas y no contra sus ciudadanos, los movimientos antinormalización se han caracterizado siempre por su radicalidad, hasta el punto de que hay sectores antinormalizadores muy críticos con la campaña BDS por las limitaciones programáticas que impone. Por ejemplo, buena parte de los militantes antinormalización se niegan a toda participación conjunta en proyectos de resistencia con ciudadanos israelíes.

    BDS y antinormalización son iniciativas que tienen estrategias diferentes, pero en buena medida confluyen en sus objetivos, y muchas de las acciones del BDS en el actual contexto árabe coinciden con las propias de los movimientos antinormalización. En concreto, se enfrentan a una serie de desafíos:

    •   Vincular los objetivos del boicot económico y comercial a los de la integración árabe, especialmente en dos sentidos: mostrando a los poderes públicos que el boicot a los productos de las colonias israelíes no perjudica a la economía de cada país siempre que la política arancelaria interárabe se flexibilice y promueva la circulación de mercancías; y aprovechando la puesta en marcha de una nueva legislación de boicot para armonizar las distintas normativas estatales, a la manera de lo que está sucediendo en la UE con la exclusión de las colonias del tratado de libre comercio UE-Israel.
    •   Romper la dinámica histórica del boicot árabe centrado en el comercio y ampliar la gama de objetivos. El boicot cultural es una de las asignaturas pendientes en el mundo árabe, y, como analiza Sami Jitan a propósito de la visita del Cirque du Soleil a Ammán en el verano de 2012, de las más difíciles de aprobar dado el grado de snobismo de las élites de la región en el consumo de cultura globalizada.
    •   Abrir la organización de los comités para integrar a otros colectivos. Fue así como nacieron los grupos BDS de Marruecos, en concreto el de Casablanca y el de Marrakech, aunque sus actividades se centran más en la denuncia de las relaciones fluidas entre Marruecos e Israel que en la puesta en marcha de campañas específicas de BDS. También existen grupos propiamente BDS en Líbano, sobre todo implicados en una continua actualización de la normativa estatal sobre boicot. Otros, como los de Catar o Kuwait, se presentan de manera indistinta como «antinormalización» y «BDS». Un caso particular es el de Egipto, donde la solidaridad con Palestina puesta en marcha a raíz de la Segunda Intifada incorporó al movimiento antinormalización a grupos y personas hasta entonces ajenos. Este capital humano ha sido fundamental para sostener el activismo del actual BDS, en la medida en que sus reivindicaciones (por ejemplo en lo referido a la denuncia de los acuerdos energéticos para el comercio de gas con Israel) encajan en el marco general de las reivindicaciones de la revolución de 2011.
    •   Incorporar al ciudadano no ideologizado o bien activista en otros frentes, a objetivos concretos del boicot. Una campaña novedosa en este sentido ha sido la lanzada recientemente en las redes sociales contra las autoridades saudíes por contratar servicios y equipamiento de seguridad del grupo G4S para La Meca, cuando el BDS hace años que denuncia a G4S por su complicidad con el sistema represivo israelí.
    •   Evitar la manipulación política del BDS. Es un reto decisivo en el caso de los sindicatos árabes, perdidos en una retórica estéril, cuando no hipócrita: Kamal Abu Aita, ex representante de la Federación de Sindicatos Independientes Egipcios, anunciaba en el verano de 2011 en un discurso en Londres ante simpatizantes del BDS que la Federación había acordado boicotear a todos los sindicatos y organismos oficiales israelíes, y llamaba «al movimiento sindical internacional a cortar lazos con el Histadrut y a apoyar a la Coalición de Sindicatos Palestinos por el BDS». En 2013, Abu Aita se convirtió en ministro de Recursos Humanos y Trabajo en el Gobierno formado tras el golpe de Estado que derrocó al presidente Morsi, y que se ha caracterizado, entre otras cosas, por la fluidez de sus relaciones con Israel y la persecución de los gazauíes en Egipto.
    •   Reconducir la dependencia de campañas promovidas desde el exterior hacia una mayor iniciativa propia que retroalimente la efectividad del BDS en las sociedades árabes. Un logro agridulce en esta línea es la marcha atrás del Gobierno de los EAU a la apertura de una sucursal en Dubái de la cadena de joyerías de Lev Leviev, lograda gracias a la presión de la asociación de derechos humanos Adalah-New York.
    •   Recuperar el liderazgo del discurso anticolonialista, que, cada vez más, está siendo protagonizado por los activistas occidentales, y vincularlo con el sentido del BDS. Es una cuestión delicada y difícil de encauzar en la actual situación política y social árabe. A pesar de ello, hay actuaciones que solo pueden partir de las sociedades árabes, y que por desgracia no reciben la misma atención que otras similares promovidas desde EEUU o Europa, lo que es un claro síntoma de imperialismo cultural aplicado en este caso a la solidaridad con Palestina. En este sentido, apenas han trascendido las presiones de músicos, actores y escritores árabes al Gobierno militar egipcio, que en mayo de 2012 lograron que se abriera el paso de Rafah y ese año pudiera celebrarse en Gaza el Festival Palestino de Literatura.
    •   Coordinar la respuesta a las estrategias antiboicot. El terreno académico y cultural es especialmente indicado: una campaña de promoción árabe bien estructurada podría combatir la «marca Israel», con la que el Estado israelí pretende difundir una imagen de potencia cultural y científica ajena a la ocupación y el apartheid. Un buen punto de partida son los artistas árabes de fama internacional que vienen participando en la difusión del boicot, como la escritora egipcia Ahdaf Soueif, la cantante palestina Reem Kelani, el compositor libanés Marcel Khalife o el director cinematográfico palestino Elia Suleiman.

    El momento es decisivo. Las revueltas árabes han recordado la centralidad de la causa palestina en la reivindicación de dignidad, justicia social y libertad de los pueblos árabes. Durante los alzamientos populares de 2011, en ninguna manifestación de Túnez, Egipto, Yemen, Bahréin o Siria faltaron los llamamientos en favor de Palestina. Sin embargo, cabe el riesgo de que la deriva nacional de cada revolución lastre las estrategias globales en que se fundamenta el actual movimiento BDS. A comienzos de 2014 la persecución de los refugiados palestinos en Siria y su criminalización en Egipto nos recuerdan, una vez más, que los palestinos son moneda de cambio en las políticas nacionales árabes y que de los viejos poderes no cabe esperar nada. Es la prueba de la estrecha relación que hay entre el movimiento BDS y los demandas de apertura democrática de los ciudadanos árabes.

     


    Notas:

    [1] Este artículo es una versión ampliada del capítulo correspondiente del libro: Luz Gómez (ed.): BDS por Palestina. El boicot a la ocupación y el apartheid israelíes, Madrid, Ediciones del Oriente y del Mediterráneo, 2014.
    [2] Nancy Turck: «The Arab boycott of Israel», Foreing Affairs, 55 (1977), p. 472.
    [3] Ibíd. p. 473.
    [4] Le Monde, 29.1.2014.
    [5] N. Turck, art. cit., p. 485.
    [6] Ibíd. p. 480.
    [7] Grassroots Palestinian Anti-Apartheid Wall Campaign: Towards a Global Movement: A framework for today’s anti-apartheid activism, 2007, p. 20.
    [8] Comité de Solidaridad con la Causa Árabe, Intifada. La voz del levantamiento palestino, Tafalla, Txalaparta, 1991, pp. 211-217.
    [9] Lester Thurow: Head to Head. The Comming Economic Battle Among Japan, Europe, and America, Nueva York, Warner Books, 1993, apud. «Israel se globaliza. Las claves económicas ocultas de Oslo», Nación Árabe, 38 (1999), p. 104.
    [10] «Taba Declaration» en Business America, 116/3 (1995), p. 8.
    [11] Grassroots Palestinian…, art. cit., p. 25.
    [12] Ibíd. p. 28.
    [13] Loles Oliván: «El movimiento antinormalización en Jordania», Nación Árabe, 45 (2001), p.128.

    Luz Gómez es profesora de Estudios Árabes e Islámicos de la Universidad Autónoma de Madrid. Es autora, entre otras obras, de Diccionario de islam e islamismo (Madrid, Espasa, 2009). Recientemente ha editado el volumen colectivo BDS por Palestina. El boicot a la ocupación y el apartheid israelíes (Madrid, Ediciones del Oriente y del Mediterráneo, 2014).

     

    Fuente: BDS en el mundo árabe. Del boicot de los Gobiernos al boicot de los ciudadanos, Luz Gómez, Rebelión, 3/6/2014.

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    No es posible la paz con colonias / Ahmad Gharabli (AFP)
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    Tras el anuncio por parte del gobierno israelí de suspender “las negociaciones de paz” con los palestinos, emitido en respuesta al acuerdo de reconciliación firmado entre Hamas y Fatah, la Coordinadora Europea de Comités y Asociaciones por Palestina (ECCP) [1] insta a la Unión Europea a tomar medidas eficaces contra las violaciones israelíes del derecho internacional, la anexión de tierras palestinas y la construcción en curso de asentamientos, que aumentó exponencialmente durante los 9 meses de “negociaciones” patrocinados por el Secretario de Estado de Estados Unidos, John Kerry.

    Al haber suspendido las conversaciones acerca de la inclusión de Hamas, Israel demuestra que no buscaba ni un socio legítimo o ni paz verdadera. La paz justa y duradera con Israel tendrá que basarse en un acuerdo de paz con un gobierno palestino unificado y democrático, razón por la cual, la ECCP apoya plenamente el intento actual de los partidos políticos palestinos de unificación.

    Israel no sólo se negó a respetar el acuerdo de liberar el último grupo de presos palestinos, que cumplen penas superiores a 20 años –acuerdos previos a Oslo–, sino que también anunció a una licitación para 700 nuevas viviendas en los asentamientos de Jerusalén oriental. La falta de seriedad de Israel se ha visto agravada aún más por la destrucción de los proyectos financiados por la UE para los palestinos en territorio palestino, por lo que la UE ni siquiera ha exigido indemnización.

    La UE y las organizaciones internacionales deben asumir sus responsabilidades para poner fin a la ocupación israelí de Palestina y para que se respete el derecho internacional, incluido el respeto por el derecho de los ciudadanos palestinos de Israel a la plena igualdad y apoyar el derecho de los refugiados palestinos al retorno. Dada la negativa de Israel a respetar incluso los mínimos requisitos acordados para la última ronda de ‘negociaciones’, la OLP ejerció su derecho a adherirse a los tratados internacionales en la ONU.

    La UE debe apoyar todas las iniciativas palestinas presentes y futuras de adhesión a distintas agencias de la ONU y los tratados internacionales –empezando con la cuarta Convención de Ginebra sobre la protección de los civiles– y evitar contribuir a las violaciones israelíes del derecho internacional.

    Dado que Israel ha mostrado su negativa a detener la construcción de asentamientos y poner fin a sus numerosas violaciones del derecho internacional –ni siquiera como una medida temporal de buena fe durante las ‘negociaciones’– la UE debe cumplir con su compromiso para condicionar sus relaciones con Israel sobre derechos humanos y principios democráticos, conforme a lo estipulado en el artículo 2 del Acuerdo de Asociación UE-Israel. Numerosos informes de la UE y la ONU han concluido que Israel no respeta los principios básicos de los derechos humanos universales y del derecho internacional.

    La política de la UE de mantener estrechas relaciones con Israel como supuesta medida de persuadir este Estado a poner fin a las violaciones de los derechos humanos y del derecho internacional y negociar de buena fe ha fracasado claramente.

    Durante varios meses, la UE se centró en el apoyo a la iniciativa de Kerry. Con el anuncio por parte de Israel de finalizar las ‘conversaciones de paz’, y dado el retroceso relativo de los Estados Unidos, la UE afronta ahora su responsabilidad histórica con respecto a este conflicto. La UE debe ahora ir más allá de declaraciones puramente retóricas. Aunque ritualmente repetidas durante los años, ninguna de las declaraciones de la UE, a excepción de las directrices de julio de 2013, ha sido acompañada de una acción correspondiente. Mientras que la UE proporcione fondos y apoyo a las entidades públicas y privadas israelíes que violan el derecho internacional y los derechos humanos del pueblo palestino, no podrá desempeñas un papel positivo y con éxito en el logro de una paz justa y duradera entre Israel y el pueblo palestino.

    De hecho, seguir aplicando el Acuerdo de Asociación entre la UE e Israel, junto con las mejoras de facto que se han producido durante años, manda un claro mensaje a Israel de que no será sometido a las mismas normas que otros países que cometen violaciones a los derechos humanos. Mantener el statu quo respecto a las relaciones entre la UE e Israel solo servirá para dar luz verde a Israel para que continúe actuando con impunidad.

    Por consiguiente, el ECCP hace un llamamiento a la UE para que suspenda su Acuerdo de Asociación con Israel.

    Además, la UE debe publicar las directrices en las que se advertía a las empresas sobre su implicación en asentamientos ilegales y en las que se trataba el etiquetado de productos provenientes de los asentamientos, que, en un principio, debían ser publicadas a finales de 2013, pero que fueron pospuestas hasta que concluyeran las “negociaciones de paz”. Todo ello, en nuestra opinión, debe abrir el camino hacia la prohibición de productos israelíes procedentes de asentamientos en todos los Estados miembros de la UE.

    Hasta ahora, la UE se ha abstenido de publicar las directrices con el objetivo, según sus declaraciones, de evitar interferir en la iniciativa de Kerry. Sin embargo, en vista de la presente situación, no hay más pretextos para no publicarlas.

    En 2004, la Corte Internacional de Justicia dictaminó que el muro y los asentamientos israelíes son ilegales y que los Estados tienen la obligación legal de pedir cuentas a Israel y no dar reconocimiento, ayuda o asistencia a las violaciones israelíes del derecho internacional.

    Cuando la UE publicó las directrices en noviembre de 2013 que excluían a las entidades israelíes y a los proyectos basados en territorios palestinos ocupados de la participación en programas de la UE y de recibir financiación de la UE, estaba aceptando y actuando según su obligación.

    Diez años después del dictamen de la Corte Internacional de Justicia, este principio de debe de implementar en su totalidad. La UE debe imponer un embargo militar a Israel, detener el comercio con los asentamientos israelíes ilegales y asegurarse de que las empresas europeas no contribuyen a las violaciones del derecho internacional por parte de Israel. Al mismo tiempo, tal y como se ha mencionado anteriormente, la advertencia a las empresas se debe publicar inmediatamente y se debe suspender el Acuerdo de Asociación hasta que Israel cumpla sus obligaciones según el derecho internacional.

     

    Unas cifras sobre las supuestas “negociaciones de paz”:

    Entre Agosto 2013 y Abril 2014:

    • Israel ha autorizado la construcción de 14.000 nuevas viviendas en asentamientos ilegales en territorio palestino.
    • Israel ha autorizado la construcción de 3.226 nuevas viviendas en asentamientos ilegales de Jerusalén Este ocupado ilegalmente.
    • 61 palestinos y palestinas han sido asesinadas por el Ejército israelí.
    • 1.751 palestinos y palestinas han resultado heridas por el Ejército israelí.
    • 660 ataques de colonos israelíes han sido registrados contra la población palestina.
    • 508 estructuras (viviendas, escuelas, fábricas, etc) palestinas han sido demolidas por Israel en territorio palestino.
    • 899 palestinos y palestinas han sido desplazadas a la fuerza por el Ejército israelí.
    • 3.300 palestinos y palestinas han sido arrestadas.

     

    Notas:

    1. La Coordinadora Europea de Comités y Asociaciones por Palestina (ECCP) es una red constituida por 48 comités, organizaciones, ONG y movimientos de solidaridad internacional de 20 países de la UE, que trabaja por la lucha del pueblo palestino por libertad y justicia.

    2. Para más información sobre la destrucción de los proyectos financiados por la UE: Israel demolish EU-funded projects in the E1 corridor of the West Bank, European Coordination of Committees and Associations for Palestine (11/04/2014).

    3. Para más información sobre las instituciones de la UE y los tratados que ha ratificado Palestina: Q&A: Palestine’s Accession to International Treaties, Negotiations Affairs Department, State of Palestine, PLO (2/04/2014).
    Para más información sobre las violaciones por parte de Israel desde que el comenzara el “proceso de paz” liderado por EEUU: Israeli Violations Since the Resumption of Negotiations (July 30, 2013 – March 16, 2014), Negotiations Affairs Departament, State of Palestine, PLO (16/03/2014).

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