Nota Premiliminar de Richard Falk: Lo publicado aquí es una declaración conjunta de expertos en derecho internacional de todo el mundo que se enumeran debajo como avalistas. Yo estoy entre los avalistas, y el texto fue redactado inicialmente por varios estudiosos del derecho internacional. Damos la bienvenida a las firmas adicionales que me pueden enviar, señalando la afiliación para su identificación; los nombres se añadirán periódicamente al texto. Veo esto como una importante expresión de profesionalidad jurídica y de conciencia individual en relación con el comportamiento de Israel en Gaza a partir del 8 de julio que ya ha tomado tantas vidas inocentes y han causado una devastación generalizada. Por favor, ¡únete a nosotros y difúndelo!
La comunidad internacional debe poner fin al castigo colectivo de Israel contra la población civil en la Franja de Gaza
Como académicos de Derecho Internacional y Penal, defensores de derechos humanos, juristas y personas que creen firmemente en el imperio de la ley y en la necesidad de su respeto en tiempos de paz, y aún más, en tiempos de guerra, sentimos el deber intelectual y moral de denunciar las violaciones graves, la mistificación y falta de respeto por los principios más básicos del Derecho relativo a los conflictos armados y a los derechos humanos fundamentales de toda la población palestina cometidos durante la ofensiva israelí en curso sobre la Franja de Gaza. Condenamos también el lanzamiento de cohetes desde la Franja de Gaza, como todos los ataques indiscriminados contra población civil, con independencia de la identidad de los autores, que no sólo es ilegal según el Derecho Internacional, sino también moralmente intolerable. Sin embargo, como también implícitamente señala el Consejo de Derechos Humanos de la ONU en su Resolución del 23 de julio 2014, las dos partes en conflicto no pueden ser considerados iguales, y sus acciones —una vez más— parecen ser de una magnitud incomparable.
Una vez más es la población civil desarmada, las «personas protegidas» en virtud del Derecho Internacional Humanitario (DIH), las que se encuentran en el centro de la tormenta. La población civil de Gaza ha sido victima de la falsa interpretación del derecho a la legítima defensa, en medio de una escalada de violencia provocada delante de toda la comunidad internacional. La llamada operación Margen Protector empezó durante un conflicto armado en curso, en el contexto de una larga ocupación beligerante que comenzó en 1967. En el curso de este conflicto continuado, miles de palestinos han sido asesinados y heridos en la Franja de Gaza desde el año 2005, durante los recurrentes y aparentes períodos de “alto el fuego”, y después de la “desconexión” unilateral de Israel de la Franja de Gaza. Las muertes causadas por los actos de provocación de Israel en la Franja de Gaza y anteriores a la última escalada de las hostilidades, no deben ser tampoco ignorados.
Según fuentes de la ONU, en las dos últimas semanas, casi 800 palestinos han sido asesinados en Gaza y más de 4.000 heridos, de los cuales la gran mayoría eran civiles. Varias fuentes independientes indican que sólo el 15 por ciento de las víctimas eran combatientes. Familias enteras han sido asesinadas. Hospitales, clínicas, así como un centro de rehabilitación para personas con discapacidad, han sido blanco de los ataques y severamente dañados. En un solo día, el domingo 20 de julio, más de 100 civiles palestinos fueron asesinados en Shija’iyeh, un barrio residencial de la ciudad de Gaza. Siendo esta una de las operaciones más sangrientas y más agresivas jamás llevadas a cabo por Israel en la Franja de Gaza, una forma de violencia urbana que constituye una falta de respeto total a la inocencia civil. Lamentablemente, a esta le siguió, sólo un par de días más tarde, un ataque igualmente destructor sobre Khuza’a, al este de Khan Younis.
Además, la ofensiva ha causado ya la destrucción generalizada de edificios e infraestructuras: según la Oficina de las Naciones Unidas para la Coordinación de Asuntos Humanitarios, más de 3.300 casas han sido objetivo de los ataques resultando en su destrucción o gravemente dañadas.
Como denuncia la Misión de Investigación de las Naciones Unidas (MINU) sobre el conflicto en Gaza, resultado de la operación israelí “Plomo Fundido” en 2008-2009: “Mientras el Gobierno israelí ha tratado de presentar sus operaciones esencialmente como una respuesta a los ataques con cohetes en el ejercicio de su derecho a la defensa propia, la Misión considera que el plan se ha dirigido, al menos en parte, a un objetivo diferente: el pueblo de Gaza en su conjunto”. (A/HRC/12/48, párrafo 1883). Lo mismo puede decirse de la ofensiva israelí en curso.
A la población civil de la Franja de Gaza la están atacando directamente y muchos han sido forzados a abandonar sus hogares. Lo que ya era una crisis de refugiados y humanitaria, se ha agravado con una nueva ola de desplazamientos masivos de la población civil: el número de desplazados internos llega casi a los 150.000, muchos de los cuales han obtenido refugio en escuelas ya rebasadas de la UNRWA, que por desgracia tampoco son zonas seguras como lo han demostrado los reiterados ataques contra la escuela de la UNRWA en Beit Hanoun. Todo el mundo en Gaza está traumatizado y viven en un estado de terror constante. Este resultado es intencionado, ya que Israel se apoya de nuevo en la “doctrina Dahiya“, que recurre deliberadamente al uso desproporcionado de la fuerza para infligir sufrimiento a la población civil con el fin de lograr objetivos políticos (ejercer presión sobre el Gobierno de Hamas) en lugar de objetivos militares.
Haciendo esto, Israel viola repetida y flagrantemente el Derecho de los conflictos armados, que establece que los combatientes y los objetivos militares pueden ser atacados, es decir, “aquellos objetos que por su naturaleza, ubicación, finalidad o uso contribuyan eficazmente a la acción militar y cuya destrucción total o parcial, captura o neutralización ofrezca, en las circunstancias del momento, una ventaja militar definida”. La mayoría de los intensos bombardeos infligidos recientemente sobre Gaza carecen de una justificación militar aceptable. Por el contrario, parecen estar diseñados para aterrorizar a la población civil. Como aclara el Comité Internacional de la Cruz Roja, provocar deliberadamente el terror es, sin lugar a dudas, ilegal según el Derecho internacional consuetudinario.
La opinión consultiva de la Corte Internacional de Justicia, relativa a las armas nucleares, declara que el principio de distinción, que obliga a los estados beligerantes a distinguir entre civiles y combatientes, es uno de los “principios cardinales” del Derecho Internacional Humanitario y uno de los “principios de Derecho consuetudinario internacional inviolables”.
El principio de distinción está codificado en los artículos 48, 51 (2) y 52 (2) del Protocolo Adicional I de 1977 a los Convenios de Ginebra de 1949, al que no se ha hecho ninguna excepción. De acuerdo con el Protocolo Adicional I, “ataques” hace referencia a los “actos violentos contra el adversario, sean ofensivos o defensivos” (artículo 49). De acuerdo con el Derecho Internacional consuetudinario y el Derecho sobre Tratados internacionales, la prohibición de dirigir ataques contra la población civil o bienes civiles, es absoluta. No hay discrecionalidad susceptible de invocar como justificación una necesidad militar.
Contrariamente a las reivindicaciones que Israel hace, los errores que resulten en muertes de civiles no pueden justificarse: en caso de duda acerca de la naturaleza del objetivo, la ley establece claramente que un bien que normalmente se dedica a fines civiles (como escuelas, viviendas, lugares de culto e instalaciones médicas), presuntamente no se utilizan con fines militares. Durante estas últimas semanas, funcionarios y representantes de la ONU han pedido de manera reiterada a Israel que acate el cumplimiento estricto del principio de precaución en la realización de los ataques en la Franja de Gaza, donde los riesgos se agravan en gran medida por la altísima densidad de población, y que la máxima contención debe ser ejercida para evitar víctimas civiles. Human Rights Watch (HRW) señala que estas normas existen para minimizar errores, “cuando tales errores se repiten, eleva la preocupación sobre si dichas reglas se están violando”.
Es más, incluso cuando los objetivos militares son claros, Israel viola sistemáticamente el principio de proporcionalidad: esto es particularmente evidente en lo que respecta a los cientos de casas de civiles destruidas por el ejército israelí durante la operación militar en curso sobre Gaza. Con la intención declarada de atacar a un solo miembro de Hamás, las fuerzas israelíes han bombardeado y destruido casas ocupadas para uso residencial, por docenas de civiles, incluidas mujeres, niños y familias enteras.
Es inherentemente ilegal según el Derecho internacional consuetudinario, atacar de manera intencionada bienes de carácter civil. La violación de un principio de Derecho tan fundamental puede constituir un crimen de guerra. Emitir una ‘advertencia’ —tal como Israel indica en relación a la llamada técnica de golpe en el techo o enviar un mensaje de texto cinco minutos antes del ataque— no exime de dicha violación: sigue siendo ilegal atacar intencionadamente una vivienda civil sin demostrar la necesidad militar, ya que significa la violación del principio de proporcionalidad. Además, estas “advertencias” generalmente no sólo son ineficaces, sino que incluso pueden dar lugar a más fatalidades, y parecen ser una excusa prefabricada de Israel para mostrar a las personas que permanecen en sus hogares como “escudos humanos”.
Los ataques indiscriminados y desproporcionados, los blancos de los objetivos que no proporcionan ninguna ventaja militar efectiva, y el ataque intencionado sobre civiles y viviendas de civiles, son rasgos persistentes de la política que Israel utiliza desde hace mucho tiempo, de castigar a toda la población de la Franja de Gaza, y la que desde hace más de siete años, es en la práctica prisionera del cierre impuesto por Israel. Este régimen equivale a una forma de castigo colectivo que vulnera la prohibición incondicional establecida en el artículo 33 del IV Convenio de Ginebra y que ha sido condenado internacionalmente por su ilegalidad. Sin embargo, a pesar de la oposición efectiva de los actores internacionales, la política ilegal de cierre absoluto que Israel impone sobre la Franja de Gaza, ha continuado sin descanso, bajo la mirada cómplice de la comunidad internacional de los Estados.
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Como afirmaba en el año 2009 la Misión de Investigación de la ONU sobre el Conflicto en Gaza: “La justicia y el respeto del estado de derecho son el fundamento indispensable para la paz. La prolongada situación de impunidad ha creado una crisis de justicia en el territorio palestino ocupado que justifica la la adopción de medidas” (A/HRC/12/48, párrafo 1958). En efecto: “la impunidad de larga data ha sido un factor esencial en la perpetuación de la violencia en la región y en la repetición de violaciones, así como en el deterioro de la confianza entre los palestinos y muchos israelíes en cuanto a las perspectivas de justicia y solución pacífica al conflicto” (A/HRC/12/48,. Párrafo 1964).
Por lo tanto,
- Damos la bienvenida a la Resolución adoptada el 23 de julio 2014 en el Consejo de Derechos Humanos de la ONU, en la que se estableció una comisión internacional independiente para investigar todas las violaciones del derecho internacional humanitario y del derecho internacional de los derechos humanos en el territorio palestino ocupado.
- Hacemos un llamamiento a las Naciones Unidas, a la Liga Árabe, a la Unión Europea, y a los demás Estados, en particular los Estados Unidos de América, y a la comunidad internacional en su totalidad y con su poder colectivo, para actuar en virtud de la máxima urgencia y poner fin a la escalada de violencia contra la población civil de la Franja de Gaza, y para activar los procedimientos para la rendición de cuentas de los responsables de las violaciones de Derecho internacional, incluidos los líderes políticos y comandantes militares. En particular:
- Todos los actores regionales e internacionales deben apoyar la conclusión inmediata de un acuerdo de alto el fuego duradero, integral y de mutuo acuerdo, que debe asegurar el rápido el acceso de la ayuda humanitaria y la apertura de las fronteras de entrada y salida a Gaza.
- Todas las Altas Partes Contratantes de los Convenios de Ginebra deben ser llamadas urgente e incondicionalmente a que cumplan con sus obligaciones fundamentales, vinculantes en todo momento, para actuar de acuerdo con el Artículo 1 común a todas ellas, y a tomar todas las medidas necesarias para la eliminación de las infracciones graves, claramente definidas por el artículo 146 y el artículo 147 del IV Convenio de Ginebra; reglas que son aplicables también por todas las partes interesadas;
- Además, denunciamos las vergonzosas presiones políticas ejercidas por varios Estados miembros de la ONU y la ONU en sí misma sobre el presidente Mahmoud Abbas, para disuadirle de recurrir a la Corte Penal Internacional (CPI), e instamos a los líderes gubernamentales de Palestina a apelar a la jurisdicción de la CPI, mediante la ratificación del Tratado de la CPI y en el interim, al someterse a la declaración prevista en el artículo 12 (3) del Estatuto de Roma, con el fin de investigar y enjuiciar los delitos internacionales graves cometidos en el territorio palestino por todas las partes en el conflicto; y
- El Consejo de Seguridad de la ONU, por último, debe ejercer sus responsabilidades en relación con la paz y la justicia remitiendo la situación en Palestina ante la Fiscalía de la CPI.
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Nótese que la afiliación institucional tiene únicamente un fin de identificación:
- John Dugard, Former UN Special Rapporteur on human rights situation in the Occupied Palestinian Territory
- Richard Falk, Former UN Special Rapporteur on human rights situation in the Occupied Palestinian Territory
- Alain Pellet, Professor of Public International Law, University Paris Ouest, former Member of the United Nations International Law Commission, France
- Georges Abi-Saab, Emeritus Professor of International Law, Graduate Institute of International and Development Studies, Geneva, Former Judge on the ICTY
- Vera Gowlland-Debbas, Emeritus Professor of International Law, Graduate Institute of International and Development Studies, Geneva, Switzerland
- Chantal Meloni, Adjunct Professor of International Criminal Law, University of Milan, Italy (Rapporteur, Joint Declaration)
- Roy Abbott, Consultant in International Humanitarian Law and International Human Rights Law, Australia
- Lama Abu-Odeh, Law Professor, Georgetown University Law Center, USA
- Susan M. Akram, Clinical Professor and supervising attorney, International Human rights Program, Boston University School of Law, USA
- Taris Ahmad, Solicitor at Jones Day, London, UK
- Maria Anagnostaki, PhD candidate, Law School University of Athens, Greece
- Antony Anghie, Professor of Law, University of Utah, USA
- Nizar Ayoub, Director, Al-Marsad, Arab Human Rights Centre in Golan Heights
- Valentina Azarov, Lecturer in Human Rights and International Law, Al Quds Bard College, Palestine
- Ammar Bajboj, Lecturer in Law, University of Damascus, Syria
- Samia Bano, SOAS School of Law, London, UK
- Asli Ü Bali, Professor of Law, UCLA School of Law, USA
- Jakub Michał Baranowski, Phd Candidate, Universita’ degli Studi Roma Tre, Italy
- Frank Barat, Russell Tribunal on Palestine
- Emma Bell, Coordinator of the European Group for the Study of Deviance and Social Control, Université de Savoie, France
- Barbara Giovanna Bello, Post-doc Fellow, University of Milan, Italy
- Brenna Bhandar, Senior lecturer in Law, SOAS School of Law, London, UK
- George Bisharat, Professor of Law, UC Hastings College of Law, USA
- Barbara Blok, LLM Candidate, University of Essex, UK
- John Braithwaite, Professor of Criminology, Australian National University, Australia
- Michelle Burgis-Kasthala, lecturer in international law, University of Edinburgh, UK
- Eddie Bruce-Jones, Lecturer in Law, University of London, Birkbeck College, UK
- Sandy Camlann, LLM Candidate, Université Paris Ouest Nanterre La Défense, France
- Grazia Careccia, Human Rights Advocate, London, UK
- Baris Cayli, Impact Fellow, University of Stirling, UK
- Antonio Cavaliere, Professor of Criminal Law, University Federico II, Naples, Italy
- Kathleen Cavanaugh, Senior Lecturer, Irish Center for Human Rights, National University of Ireland, Galway, Ireland
- Elizabeth Chadwick, Reader in International Law, Nottingham, UK
- Donna R. Cline, Attorney at Law, USA
- Karen Corteen, Senior Lecturer in Criminology, University of Chester, UK
- Andrew Dahdal, Lecturer, Faculty of Business and Economics, Macquarie University, Sydney, Australia
- Teresa Dagenhardt, Reader in Criminology, Queen’s University Belfast, Northern Ireland
- Luigi Daniele, PhD candidate in Law, Italy
- Alessandro De Giorgi, Professor of Justice Studies, San Josè State University, USA
- Paul de Waart, Professor Emeritus of International Law, VU University, Amsterdam, The Netherlands
- Gabriele della Morte, Senior Lecturer in International Law, University Cattolica, Milan, Italy
- Max du Plessis, Professor of Law, University of Kwazulu-Natal, and Barrister, South Africa and London, UK
- Noura Erakat, Georgetown University, USA
- Mohammad Fadel, Associate Professor of Law, University of Toronto Faculty of Law, Canada
- Mireille Fanon-Mendés France, Independent Expert UNO, Frantz Fanon Foundation, France
- Michelle Farrell, lecturer in law, School of Law and Social Justice, University of Liverpool, UK
- Daniel Feierstein, Professor and President International Association of Genocide Scholars (IAGS), Argentina
- Eleonor Fernández Muñoz, Costa Rica
- Tenny Fernando, Attorney at Law, Sri Lanka
- Amelia Festa, LLM Candidate, University of Naples Federico II, Italy
- Katherine Franke, Professor of Law, Columbia Law School, USA
- Jacques Gaillot, Bishop in partibus of Patenia
- Katherine Gallagher, Vice President FIDH, senior attorney, Centre for Constitutional Rights (CCR), New York, USA
- Avo Sevag Garabet, LLM, University of Groningen, the Netherlands
- Jose Garcia Anon, Professor of Law, Human Rights Institute, University of Valencia, Valencia, Spain
- Irene Gasparini, PhD candidate, Universitá Cattolica, Milan, Italy
- Stratos Georgoulas, Assistant Professor, University of the Aegean, Greece
- Haluk Gerger, Professor, Turkey
- Hedda Giersten, Professor, Universitet I Oslo, Norway
- Javier Giraldo, Director Banco de Datos CINEP, Colombia
- Carmen G. Gonzales, Professor of Law, Seattle University School of Law, USA
- Penny Green, Professor of Law and Criminology, Director of the State Crime Initiative, King’s College London, UK
- Katy Hayward, Senior Lecturer in Sociology, Queen’s University Belfast, Northern Ireland
- Andrew Henley, PhD candidate, Keele University, UK
- Christiane Hessel, Paris, France
- Paddy Hillyard, Professor Emeritus, Queen’s University Belfast, Northern Ireland
- Ata Hindi, Institute of Law, Birzeit University, Palestine
- Francois Houtart, Professor, National Institute of Higher Studies, Quito, Ecuador
- Deena R. Hurwitz, Professor, General Faculty, Director International Human Rights Law Clinic, University of Virginia School of Law, USA
- Perfecto Andrés Ibánes, Magistrado Tribunal Supremo de Espagna, Spain
- Franco Ippolito, President of the Permanent People’s Tribunal, Italy
- Ruth Jamieson, Honorary Lecturer, School of Law, Queen’s University, Belfast, Northern Ireland
- Helen Jarvis, former member Extraordinary Chambers in the Courts of Cambodia (ECCC), member of IAGS, Cambodia
- Ioannis Kalpouzos, Lecturer in Law, City Law School, London, UK
- Victor Kattan, post-doctoral fellow, Law Faculty, National University of Singapore
- Michael Kearney, PhD, Lecturer in Law, University of Sussex, UK
- Yousuf Syed Khan, USA
- Tarik Kochi, Senior Lecturer in Law, School of Law, Politics and Sociology, University of Sussex, UK
- Anna Koppel, MSt Candidate in International Human Rights Law, University of Oxford, UK
- Karim Lahidji, President of the International Federation for Human Rights (FIDH) and lawyer
- Giulia Lanza, PhD Candidate, Università degli Studi di Verona, Italy
- Daniel Machover, solicitor, Hickman & Rose, London, UK
- Tayyab Mahmud, Professor of Law, Director of the Centre for Global Justice, Seattle University School of Law, USA
- Maria C. LaHood, Senior Staff Attorney, CCR, New York, USA
- Louise Mallinder, Reader in Human Rights and International Law, University of Ulster, UK
- Triestino Mariniello, Lecturer in International Criminal Law, Edge Hill University, UK
- Mazen Masri, Lecturer in Law, The City Law School, City University, London, UK
- Siobhan McAlister, School of Sociology, Queen’s University Belfast, Northern Ireland
- Liam McCann, Principal Lecturer in Criminology, University of Lincoln, UK
- Jude McCulloch, Professor of Criminology, Monash University, Melbourne, Australia
- Yvonne McDermott Rees, Lecturer in Law, University of Bangor, UK
- Cahal McLaughlin, Professor, School of Creative Arts, Queen’s University Belfast, Northern Ireland
- Araks Melkonyan, LLM Candidate, University of Essex, UK
- Antonio Menna, PhD Candidate, Second University of Naples, Caserta, Italy
- Naomi Mezey, Professor of Law, Georgetown University Law Center, USA
- Michele Miravalle, PhD candidate, University of Torino, Italy
- Sergio Moccia, Professor of Criminal Law, University Federico II, Naples, Italy
- Kerry Moore, Lecturer, Cardiff University
- Giuseppe Mosconi, Professor of Sociology, University of Padova, Italy
- Usha Natarajan, Assistant Professor, Department of Law & Centre for Migration and Refugee Studies, The American University in Cairo, Egypt
- Miren Odriozola Gurrutxaga, PhD Candidate, University of the Basque Country, Donostia – San Sebastián, Spain
- Georgios Papanicolaou, Reader in Criminology, Teesside University, UK
- Marco Pertile, Senior Lecturer in International Law, Faculty of Law, University of Trento, Italy
- Andreas Philippopoulos-Mihalopoulos, Professor of Law and Theory, LLM, The Westminster Law and Theory Centre, UK
- Antoni Pigrau Solé, Universitat Rovira i Virgili de Tarragona, Spain
- Joseph Powderly, Assistant Professor of Public International Law, Leiden University, The Netherlands
- Tony Platt, Visiting Professor of Justice Studies, San Jose State University, USA
- Scott Poynting, Professor in Criminology, University of Auckland, New Zeeland
- Chris Powell, Professor of Criminology, University S.Maine, USA
- Bill Quigley, Professor, Loyola University, New Orleans College of Law, USA
- John Quigley, Professor of Law, Ohio State University
- Zouhair Racheha, PhD Candidate, University Jean Moulin Lyon 3, France
- Laura Raymond, International Human Rights Advocacy Program Manager, CCR, New York, USA
- Véronique Rocheleau-Brosseau, LLM candidate, Laval University, Canada
- David Rodríguez Goyes, Lecturer, Antonio Nariño and Santo Tomás Universities, Colombia
- Alessandro Rosanò, PhD Candidate, Università degli Studi di Padova, Italy
- Jamil Salem, Director Institute of Law, Birzeit University, Palestine
- Mahmood Salimi, LLM Candidate, Moofid University, Iran
- Nahed Samour, doctoral fellow, Humboldt University, Faculty of Law, Berlin, Germany
- Iain GM Scobbie, Professor of Public International Law, University of Manchester, UK
- David Scott, Senior Lecturer in Criminology, Liverpool John Moores University, UK
- Phil Scraton, Professor of Criminology, Belfast, Ireland
- Rachel Seoighe, PhD Candidate, Legal Consultant, King’s College London, UK
- Tanya Serisier, School of Sociology, Queen’s University Belfast, Northern Ireland
- Mohammad Shahabuddin, PdD, Visiting researcher, Graduate School of International Social Sciences, Yokohama National University, Japan
- Dean Spade, Seattle University School of Law, USA
- Per Stadig, lawyer, Sweden
- Chantal Thomas, Professor of Law, Cornell University, USA
- Kendall Thomas, Nash Professor of Law, Columbia University, USA
- Gianni Tognoni, Lelio Basso Foundation, Rome, Italy
- Steve Tombs, Professor of Criminology, The Open University, UK
- Paul Troop, Barrister, Garden Court Chambers, UK
- Valeria Verdolini, Reader in Sociology, University of Milan, Italy
- Francesca Vianello, University of Padova, Italy
- Aimilia Voulvouli, Assistant Professor of Sociology, Fatih University, Turkey
- Namita Wahi, Fellow, Centre for Policy Research, Dharma Marg, Chanakyapuri, New Delhi, India
- Sharon Weill, PhD, Science Po, Paris/ CERAH, Geneva, Switzerland
- Peter Weiss, Vice President of Centre for Constitutional Rights (CCR), New York, USA
- David Whyte, Reader in Sociology, University of Liverpool, UK
- Jeanne M. Woods, Henry F. Bonura, Jr. Distinguished Professor of Law, Loyola University College of Law, New Orleans, USA
- William Thomas Worster, Lecturer, International Law, The Hague University of Applied Sciences, The Netherlands
- Maung Zarni, Judge, PPT on Sri Lanka and Visiting Fellow, London School of Economics and Political Science
Fuente: Joint Declaration by International Law Experts on Israel’s Gaza Offensive, Richard Falk blog, 28/07/2014.
Traducción: Red Solidaria Contra la Ocupación de Palestina.
