La Campaña por el Fin al Comercio de Armas con Israel, impulsada por la RESCOP y apoyada por más de 600 organizaciones de la sociedad civil, denuncia que el Gobierno de España ha activado la cláusula de excepción del Real Decreto – Ley para autorizar a horas de la Nochebuena la transferencia de material de defensa y de doble uso de origen israelí, utilizados por cuatro programas industriales en los que participa la empresa Airbus España.
Esto significa que ha dado una excepción (una salida legal) para que algunas partes y contratos relacionados con proyectos muy grandes de la empresa aeronáutica Airbus sigan adelante, aunque impliquen componentes, tecnología o relaciones con Israel. La razón oficial que da es que estos proyectos son “de gran potencial exportador” y que sin esa excepción podrían verse en riesgo empleos o el futuro de esas fábricas en España. Es decir, el Gobierno ha vuelto a poner de manifiesto que cuando hay que decidir entre economía o derechos humanos, prioriza sus intereses comerciales ante las vidas de las personas palestinas.
Esta decisión convierte en papel mojado el compromiso anunciado por el Ejecutivo y demuestra lo que ya venimos alertando desde hace meses: el RDL es un colador lleno de agujeros y ahora el Gobierno ha puesto en práctica el más peligroso, las excepciones. Lo decimos alto y claro: no pueden haber excepciones con un estado que está cometiendo un genocidio.
Según la información publicada por La Moncloa, el Consejo de Ministros ha autorizado de forma excepcional la transferencia de material de defensa y doble uso para varios proyectos aeronáuticos liderados por Airbus, alegando motivos industriales, económicos y de empleo, así como la supuesta inexistencia de alternativas tecnológicas inmediatas.
Es extremadamente grave, además, que la decisión viene como respuesta a una petición de la propia empresa, cosa que evidencia que el gobierno ha decidido priorizar los negocios a las vidas humanas.
Desde la Campaña consideramos esta decisión ilegal, ilegítima e inmoral.
Ilegal, porque el derecho internacional es claro: cuando existe un riesgo evidente de genocidio y crímenes internacionales, los Estados tienen la obligación de no facilitar, directa ni indirectamente, apoyo militar. Autorizar estas transferencias supone incumplir las obligaciones legales internacionales y sostener materialmente al Estado de Israel.
Ilegítima, porque la sociedad civil ha demostrado estar a la altura del momento histórico. Durante más de dos años, cientos de miles de personas han salido a las calles para exigir el fin del comercio de armas con Israel. Esta decisión se toma de espaldas a ese clamor popular.
Inmoral, porque evidencia el doble rasero del Gobierno: mientras realiza gestos públicos de apoyo a Palestina, autoriza excepciones al comercio de armas con Israel cuando nadie mira, anteponiendo intereses económicos e industriales a la vida de miles de personas.
Lo ocurrido demuestra exactamente el problema de fondo del Real Decreto-ley: no es un embargo integral de armas a Israel. Cada cláusula de excepción es un agujero por el que se cuela la complicidad. No es un texto que frene todo el comercio de armas con Israel.
Por eso exigimos una vez más a la Mesa del Congreso y en especial a PSOE y Sumar que cierren el periodo de enmiendas del Proyecto de Ley y de la Proposición de Ley para poder enmendar cada uno de estos agujeros y lo conviertan de verdad en un embargo integral de armas a Israel.
Exigimos al Gobierno de España y, en particular, a PSOE y Sumar, que dejen de sostener el colonialismo y el genocidio sionista y que asuman su responsabilidad política y legal.
Embargo de armas a Israel, ya.
Sin excepciones. Sin excusas.
