29 de marzo de 2017.
El pasado 23 de marzo Pablo Bustinduy, Secretario de Relaciones Internacionales de Podemos y Portavoz de la Comisión de Exteriores del grupo parlamentario de Unidos Podemos – En Comú Podem – En Marea, en una carta enviada a D. Alfonso María Dastís, actual Ministro de Asuntos Exteriores del Gobierno del Estado español afirmaba que desde su formación
“seguiremos trabajando por el respeto a los derechos humanos y al derecho internacional en Palestina así como por el respeto al derecho a la libertad de expresión que ampara campañas como la del BDS, así como las acciones de las y los defensores de derechos humanos, expresiones legales y legítimas que pretenden visibilizar las continuas violaciones de derechos contra la población palestina.”
Desde la RESCOP y los grupos de BDS del Estado español aplaudimos este paso hacia adelante en el reconocimiento del derecho al BDS como un ejercicio de la libertad de expresión, pilar fundamental de los estados democráticos y de derecho.
Esta no es la primera vez que representantes políticos y gubernamentales se posicionan a favor del Derecho al BDS. La propia Federica Mogherini ya lo hizo el pasado mes de octubre y representantes de los gobiernos de Suecia, Irlanda y Holanda también se han posicionado a favor de este derecho. Asimismo, más de 350 organizaciones de derechos humanos de toda Europa y 200 juristas reconocen en el BDS una herramienta legal y legítima de libertad de expresión, una libertad profundamente preciada y consagrada tanto en las leyes nacionales internas como en muchas de las convenciones internacionales de derechos humanos.
Estas muestras de apoyo y reconocimiento son especialmente bienvenidas en estos momentos, en los que la persecución sobre las personas defensoras de los derechos humanos del pueblo Palestino y del BDS están siendo fuertemente perseguidas.
Omar Barghouti, co-fundador del movimiento ha sido sometido durante años a intensas amenazas, intimidación y represión por diversos grupos del gobierno de extrema derecha israelí, particularmente después de considerar al movimiento como una “amenaza estratégica” para todo su sistema de injusticia contra el pueblo palestino. Desde el pasado 19 de marzo, Barghouti está siendo sometido a una nueva campaña de presión y deslegitimación que trata de amedrentar y frenar su trabajo y el de quienes como él, defienden los derechos humanos del pueblo palestino.
En la misma línea, nos hacemos eco y respaldamos la pregunta parlamentaria presentada por la formación morada a la mesa del Congreso de los Diputados en relación a la posición del Gobierno del Estado español sobre el informe de la Comisión Económica y Social para Asia Occidental (CESPAO) “Prácticas israelíes contra el Pueblo Palestino y la Cuestión del Apartheid” en el que se certifica la existencia de apartheid en Palestina, según la Convención Internacional por la Supresión y Castigo del Crimen de Apartheid de 1973, de la cual lamentablemente el Estado español no es signatario.
Rima Khalaf, directora de la CESPAO, se vio obligada a presentar su dimisión tras las presiones de los gobiernos de Estados Unidos e Israel para que retirase el informe. En palabras de Mahmoud Nawaja, Coordinador General del grupo del Comité Nacional Palestino de BDS (BNC)
«El pueblo palestino está profundamente agradecido a la directora de la CESPAO, la Dra. Rima Khalaf, que prefirió renunciar a su trabajo con dignidad antes que renunciar a sus principios ante la intimidación estadounidense e israelí. En el momento más oscuro de escalada de la represión de Israel, incluyendo los ataques a defensores y defensoras de los derechos humanos, el robo de tierras palestinas y el endurecimiento de las políticas de apartheid, la población palestina espera que este pionero informe anuncie el amanecer de una nueva era donde el régimen de injusticia israelí rinda finalmente cuentas a través de la imposición de sanciones y otras medidas, tal como se hizo contra el apartheid en Sudáfrica».
Federica Mogherini, la Alta Representante de la UE para Asuntos Exteriores, ha condenado los ataques a defensores y defensoras de derechos humanos y ha confirmado el derecho de la ciudadanía europea a la libertad de expresión y asociación, incluyendo su participación en el movimiento liderado desde Palestina 
