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  • Comunicado de Denuncia del Plan Colonial de Trump y de la escalada de Crímenes Internacionales de Israel

    Comunicado de Denuncia del Plan Colonial de Trump y de la escalada de Crímenes Internacionales de Israel

    Un plan colonial avalado por la ONU

    26 de noviembre de 2025

    PDF con este Comunicado

    La Red Solidaria Contra la Ocupación de Palestina (RESCOP) expresa su máxima condena ante la adopción, el 17 de noviembre de 2025, de la resolución del Consejo de Seguridad de Naciones Unidas que respalda parcialmente el denominado “Plan de Paz” del presidente estadounidense Donald Trump para la Franja de Gaza.

    Este día pasará a la historia de la ONU como un día de absoluta vergüenza internacional. Tal como señaló Craig Mokhiber, ex alto cargo de derechos humanos de la ONU, “ningún miembro del Consejo tuvo el coraje, el principio o el respeto por el derecho internacional para votar en contra de este ultraje colonial”.

    Mientras tanto, a nivel social Israel está más aislado que nunca gracias a la resistencia del pueblo palestino y a la solidaridad global con la causa palestina.

    El Plan Trump-Netanyahu, ahora parcialmente legitimado por la resolución del Consejo de Seguridad, es de todo menos un plan de paz. Es un esquema de reorganización colonial diseñado para romper el creciente aislamiento internacional de Israel, rehabilitar su régimen colonial, de apartheid, ocupación militar y genocidio e imponer un marco geopolítico que permita a Israel continuar su ocupación y su violencia estructural con cobertura internacional, Es también un intento de evitar la rendición de cuentas de Israel por las atrocidades y gravisimos crímenes que ha cometido.

    El plan ignora por completo la voluntad del pueblo palestino y vulnera de forma flagrante la Carta de la ONU, el derecho internacional humanitario y las resoluciones de la Corte Internacional de Justicia de 2024. Desde la Declaración de Balfour al Plan de Partición de la ONU, una vez más, se ha ignorado por completo la voz del pueblo palestino.

    Uno de los puntos más preocupantes de dicha resolución es que impone una supuesta “autoridad” tutelada por Washington y Tel Aviv sobre Gaza. Este plan viola el derecho inalienable del pueblo palestino a la autodeterminación, consolida la ocupación militar ilegal, promueve mecanismos coloniales como la creación de un “Board of Peace” – del que formaría parte el criminal de guerra Tony Blair – y una “International Stabilization Force” destinados a mantener Gaza inhabitable y bajo control externo, y abre la puerta a un nuevo episodio de limpieza étnica.


    El Comité Nacional Palestino de la Campaña de Boicot, Desinversiones y Sanciones ha alertado en su comunicado que “Este proyecto retoma la lógica del “poder imperial” y, como advirtieron Cyril Ramaphosa, Anwar Ibrahim y Gustavo Petro, amenaza a todos los pueblos del mundo porque destruye los fundamentos del derecho internacional y propone un orden global basado en la fuerza, la impunidad y la ilegalidad..

    Este plan propone lograr por vía diplomática lo que Israel no ha conseguido mediante bombardeos, hambre y desplazamientos masivos: vaciar la Franja de Gaza de población palestina. El plan busca completar lo que no ha podido hacer el genocidio israelí. Además, criminaliza la resistencia palestina, promueve la creación de nuevos campos de detención y legitima prácticas que ya constituyen crímenes de guerra y crímenes de lesa humanidad.

    El precedente de la guerra de Irak demuestra que ninguna resolución de la ONU puede legitimar una autoridad impuesta por una potencia ocupante. La resolución 2803 debe ser considerada legalmente nula, sin efecto jurídico y contraria a las obligaciones internacionales de los Estados.

    Tortura sexual sistemática: la brutalidad extrema del régimen israelí

    En paralelo a la imposición del plan, nuevos testimonios documentados por el Centro Palestino de Derechos Humanos (PCHR), una de las mayores organizaciones de derechos humanos de la Franja de Gaza, revelan una dimensión todavía más devastadora de la violencia israelí.

    Los relatos recogidos entre personas palestinas recientemente liberadas de prisiones y campamentos de detención israelíes describen un patrón sistemático de: violaciones múltiples, tortura sexual con objetos, violaciones perpetradas por perros adiestrados, desnudez forzada y filmación de abusos, amenazas de violación contra familiares, electrochoques, palizas y humillación psicológica y detenciones sin ningún fundamento legal.

    Entre las víctimas hay mujeres, hombres y menores de edad. Las prácticas descritas cumplen los elementos jurídicos de: tortura, crímenes contra la humanidad yactos genocidas, tal como recoge la Convención para la Prevención y Sanción del Delito de Genocidio.

    El PCHR alerta también del riesgo de ejecuciones masivas, tras la aprobación en noviembre de 2025 de un proyecto de ley israelí que permitiría aplicar la pena de muerte a prisioneros palestinos, muchos de ellos con confesiones extraídas bajo tortura.

    Lo que es muy alarmante, es que estos testimonios, de una gravedad extrema, no han recibido la atención que merecen en los medios occidentales, evidenciando de nuevo la doble vara de medir, el racismo institucionalizado y la normalización de la violencia colonial cuando la población agredida es palestina.

    Por eso, desde RESCOP exigimos al gobierno español:

    1. Movilizar la oposición en la Asamblea General de la ONU, el Consejo de Derechos Humanos y todos los organismos pertinentes para anular y frenar el Plan Trump-Netanyahu. El Gobierno del estado español debe mostrar su oposición a este nuevo Plan colonial. Es extremadamente alarmante que Pedro Sánchez le diera la bienvenida al Plan y no haya mostrado ninguna oposición.

    2. Cumplir con el derecho internacional, en particular con las obligaciones de prevenir, no reconocer y no colaborar con crímenes de guerra, apartheid y genocidio. Para ello, el gobierno de España debe cerrar el período de enmiendas para transformar el RDL en un embargo militar a Israel.

    1. Imponer sanciones específicas y efectivas a Israel que incluyan el embargo energético y comercial y la ruptura de todas las relaciones con Israel como en los campos académicos, culturales y deportivos.

    2. Exigir la liberación inmediata de todas las personas palestinas presas, el fin de la tortura y el acceso sin restricciones de organismos internacionales a todos los centros de detención.

    Nosotras, como sociedad civil organizada, debemos incrementar nuestras movilizaciones y presiones para una Palestina libre, del río hasta el mar y donde las palestinas puedan vivir en libertad y dignidad en sus tierras.

    Denuncia del Plan Trump Netanyahu
    Denuncia del Plan Trump Netanyahu
  • Comunicado ante el Plan de Trump para Gaza

    Comunicado ante el Plan de Trump para Gaza

    Ante el incalificable plan anunciado conjuntamente por Trump y Netanyahu para Gaza

    Nota de Prensa

    RESCOP, 30 de septiembre de 2025

    Desde la RESCOP (Red Solidaria Contra la Ocupación de Palestina), dedicada desde hace 20 años a la defensa de los derechos del pueblo palestino, denunciamos que la propuesta anunciada ayer supone de facto una “legalización” del genocidio, además de violar todos los puntos de la resolución 15141 aprobada por la Asamblea General de Naciones Unidas como base para la descolonización y el derecho de autodeterminación de los pueblos, y cuyo primer punto indica:

    La sujeción de pueblos a una subyugación, dominación y explotación extranjeras constituye una denegación de los derechos humanos fundamentales, es contraria a la Carta de las Naciones Unidas y compromete la causa de la paz y de la cooperación mundiales.”

    La historia de Palestina está marcada por la imposición colonial: el acuerdo Sykes-Picot (1916) dividió la región al servicio de los imperios europeos, sin voz ni voto para la población nativa; la Declaración Balfour (1917) entregó Palestina como promesa a un proyecto colonial —el sionismo— que derivó en la Nakba de 1948, el despojo masivo y el inicio de la ocupación que hasta hoy continúa. En 1947 las potencias internacionales impulsaron sobre Palestina el plan de partición de la ONU trazando fronteras sobre su tierra sin el consentimiento de su pueblo.

    Hoy ocho décadas después la misma lógica colonial se repite: potencias extranjeras, en connivencia con el poder ocupante, pretenden diseñar unilateralmente el futuro de Palestina. Si entonces fue con un lápiz y un mapa, hoy es mediante la herramienta del genocidio.

    El llamado plan de Trump-Netanyahu no es más que la versión contemporánea de ese mismo esquema colonial: legitima la anexión, blinda la ocupación militar y reduce a Palestina a enclaves fragmentados sin soberanía ni viabilidad. Es la actualización del proyecto sionista, respaldado por el supremacismo de Estados Unidos.

    Frente a esta continuidad de intentar someter al pueblo palestino, reafirmamos que ningún plan impuesto desde arriba puede reemplazar el derecho del pueblo palestino a su liberación.En definitiva el plan no es más que la propuesta de una nueva fase del proyecto colonialista implementado ahora por EEUU e Israel con el apoyo de los líderes europeos, incluyendo el de Pedro Sanchez.

    Con su apoyo, Pedro Sánchez avala la normalización del colonialismo y la ocupación de Gaza con la diferencia de que esta vez se ha usado y se sigue usando directamente el genocidio para imponerlo. ¡Exigimos que Pedro Sánchez rectifique de forma inmediata y no apoye este plan colonial!

    La lucha palestina es parte inseparable de la lucha global contra el colonialismo, el racismo y la dominación imperialista.

    Por ello, hacemos un llamamiento a la sociedad civil organizada para seguir presionando al Gobierno para que se apruebe un embargo de armas integral y retroactivo, que sirva de ejemplo a otros países y permita cortar de forma efectiva el flujo de armas y dinero que alimenta a la industria armamentística israelí que sostiene el genocidio.

    ¡Hoy más que nunca: Viva Palestina libre!

    ¡Sigamos presionando hasta el embargo integral de armas y la ruptura total de relaciones!

  • Comunicado de la RESCOP noviembre 2023

    Comunicado de la RESCOP noviembre 2023

    COMUNICADO RESCOP NOVIEMBRE 2023

    La Red Solidaria Contra la Ocupación de Palestina (RESCOP), coordinadora estatal de organizaciones solidarias con el pueblo palestino conformada por casi medio centenar de colectivos, expone en este comunicado urgente su posicionamiento en el marco del nuevo episodio de genocidio perpetrado por Israel contra el pueblo palestino iniciado en octubre de 2023.

    Desde 1948, la Nakba («catástrofe») es un presente continuo para el pueblo palestino: 75 años de colonialismo de asentamiento, limpieza étnica, apartheid, y, desde 1967, también ocupación militar sionista-israelí en Palestina. Lo que estamos viviendo estas semanas supone una situación de extrema gravedad que pasará a la historia como una de las mayores vergüenzas de la humanidad en el siglo XXI. 

    Es crucial recalcar que la relación del régimen colonial israelí con el pueblo palestino está basada en un ejercicio de poder completamente asimétrico y en una violación de derechos sistemática e indiscriminada por parte de la fuerza ocupante. El apartheid israelí se creó y se mantiene a través de crímenes contra la humanidad. La situación insostenible que está sufriendo la población en la Franja de Gaza y en el resto de territorios palestinos ha llevado incluso a la renuncia de Craig Mokhiber, ex director de la Oficina de Nueva York del Alto Comisionado de Naciones Unidas para los Derechos Humanos, quien acusa a gran parte de las potencias europeas de ser “totalmente cómplices en un genocidio de manual”. El Estado español está participando también en este exterminio al respaldar las acciones ilegítimas e ilegales del régimen colonial israelí, en un marco de deshumanización y racismo, una vez más, contra el pueblo palestino.

    El pueblo palestino lleva resistiendo, a su vez, a un claro y reconocido apartheid desde hace décadas, denunciado en numerosas ocasiones por ONG de relevancia mundial como Human Rights Watch y Amnistía Internacional. Por otro lado, organizaciones como el Comité Internacional de Cruz Roja, la Organización Mundial de la Salud o UNICEF denuncian una crisis humanitaria sin precedentes en la Franja de Gaza. 

    La Unión Europea evidencia su hipocresía y su doble moral al mostrar su solidaridad con otros pueblos, mientras lo combina con su silencio y su complicidad respecto al infierno que está sufriendo el pueblo palestino. En menos de un mes, el ejército israelí ha asesinado alrededor de 10.000 personas, de las cuales casi 5.000 son niñas y niños. Además, hay 2.000 personas palestinas desaparecidas. Consideramos escandaloso que Israel siga gozando de impunidad internacional, que no se denuncien sus crímenes ni se le impongan sanciones. Israel está aplicando un castigo colectivo en la Franja de Gaza, lo que incurre, una vez más, en violaciones graves, masivas y sistemáticas del derecho internacional.

    La potencia ocupante y de apartheid israelí, con el respaldo de las potencias europeas, justifican los ataques aéreos y terrestres en la Franja de Gaza apelando al “derecho legítimo de defensa”. Sin embargo, en el contexto colonial en el que se enmarca esta situación y tal como se expone en la Convención de Ginebra y numerosas resoluciones de la Asamblea General de las Naciones Unidas -3070 (1973), 3246 (1974), 35/35 (1980), 37/43 (1982) y 45/130(1990)- no existe el derecho de una potencia ocupante a defenderse, pero sí el derecho de un pueblo ocupado a resistir por todas las vías posibles. Además, es deber de la potencia ocupante proteger a la población ocupada, en este caso palestina. Así, consideramos vergonzoso que los dirigentes políticos europeos avalen el discurso israelí sobre su “derecho de autodefensa”, puesto que este no está sólo no está sustentado en el derecho internacional, sino que simplemente, no existe.

    El apoyo a la causa palestina es imparable y sigue aumentando en el Estado español y en todo el mundo con una movilización ciudadana excepcional que confronta la inacción de la clase política, especialmente en los Estados del eje euroatlántico. El Estado español es cómplice en este genocidio, ya que presta reconocimiento diplomático, aporta apoyo político y militar y mantiene a Israel como socio estratégico en el marco de la Unión Europea. Mientras tanto, estamos viendo como Estados del sur global, altos cargos de organizaciones internacionales, sindicatos, ONGs y movimientos sociales de todo el mundo están tomando posición y actuando en consecuencia frente al régimen de apartheid israelí, exigiendo que Israel cumpla con el Derecho Internacional y decrete el alto al fuego y el cese de toda violencia indiscriminada hacia el pueblo palestino.

    EXIGENCIAS

    En el marco de la situación actual y tomando en consideración todos los antecedentes expuestos, desde la Red Solidaria Contra la Ocupación de Palestina exigimos al gobierno español que con urgencia tome acción en las siguientes líneas:

     

    • Fin permanente a la compraventa de armas y la colaboración militar y de seguridad con Israel. El marco jurídico estatal tiene dos normas que avalan la posición para el embargo de armas: La Ley 53/2007, de 28 de diciembre, sobre el control del comercio exterior de material de defensa y de doble uso y el Tratado internacional sobre comercio de armas (ratificado por España el 17 de marzo del 2014). Los dos textos prohíben la venta de armas a países en conflicto. Existen antecedentes en este sentido: en el marco internacional, el embargo al régimen de apartheid de Sudáfrica contribuyó activamente a su desmantelamiento. En caso de Israel, el estado español suspendió con el Partido Popular la venta de armas al estado sionista en agosto de 2014. 

     

    • Ruptura de relaciones académicas, comerciales, culturales, diplomáticas, institucionales y políticas con el régimen israelí a nivel nacional. Además, exigimos que España promueva en la Unión Europea la cancelación del Acuerdo de Asociación de la Unión Europea con Israel, el cual sitúa al estado sionista como socio preferente. 

     

    • Como parte de la campaña global de BDS, adopción de sanciones económicas a empresas que se benefician de las políticas de apartheid israelí. Igualmente, instamos al gobierno español a promover las sanciones económicas a Israel en los organismos internacionales relevantes, concretamente en las Naciones Unidas y en la Unión Europea. A nivel nacional, exigimos al gobierno que sancione a las empresas españolas que se lucran  de la violación de los derechos palestinos como CAF, COMSA y eDreams. En 2002, en el contexto de la segunda Intifada incluso el ministro de Asuntos Exteriores del partido popular, cuando España tenía la presidencia rotatoria del Consejo Europeo, llegó a afirmar  que las “sanciones contra Israel son un escenario posible”, y que la Unión Europea estaba discutiendo esta posibilidad. Además, el Parlamento Europeo aprobó una resolución no vinculante que solicitaba sanciones económicas contra el Estado de Israel, un embargo de armas a ambas partes y que la Unión Europea “suspendiera inmediatamente” su acuerdo de comercio y de cooperación con Israel. 

     

    • Recuperación de la jurisdicción universal con el objetivo de romper con 75 años de impunidad de crímenes contra la humanidad israelíes e iniciar los procedimientos oportunos para llevar a Netanyahu y las autoridades militares y políticas del apartheid y del genocidio israelí responsables de estos crímenes al Tribunal Penal Internacional.

     

    • Fin de la ocupación israelí, fin del apartheid y derecho al retorno de la población palestina refugiada. Exigimos que el gobierno español presione al gobierno israelí de tanto de forma bilateral como en el marco de las organizaciones multilaterales pertinentes, concretamente las Naciones Unidas, hasta que estado israelí cumpla el derecho internacional y especialmente las resoluciones 194 de la Asamblea General de las Naciones Unidas que reconoce el derecho al retorno de la población palestina refugiada,  la 242 del Consejo de Seguridad de la ONU que exige la retirada israelí de los territorios ocupados en 1967 y los diversos pronunciamientos de la Corte Internacional de Justicia, como el que en 2004 defendió el desmantelamiento del Muro de Apartheid.

     

    • Derogación de la Ley Mordaza y fin del racismo institucional. En un contexto de retroceso europeo en el derecho a la libertad de expresión, las manifestaciones de solidaridad con el pueblo palestino que exigen a los gobiernos el cumplimiento de los Derechos Humanos están siendo criminalizadas y penalizadas por leyes autoritarias como la Ley Mordaza. Exigimos su derogación para garantizar el ejercicio democrático de la libertad de expresión. La RESCOP, como parte del movimiento BDS global, se opone a todo tipo de racismo, incluyendo el racismo sionista, el racismo judeófobo y el racismo islamófobo, en este último caso un fenómeno que no deja de crecer en Europa de la mano de la extrema derecha. En esta línea, pedimos el fin del racismo institucional europeo y español y nos sumamos a las demandas de la campaña #RegularizaciónYa. 

     

    ACCIONES 

    El apoyo internacionalista a la causa palestina es imparable y cada vez más fuerte. La Red Solidaria Contra la Ocupación de Palestina lleva trabajando desde la primera década del siglo XXI,  por la defensa del pueblo palestino y el fin de la colonización de asentamiento, del apartheid, de la limpieza étnica y de la ocupación israelí. En la RESCOP mantenemos las diversas vías de acción en el corto, medio y largo plazo en apoyo internacionalista a la causa palestina y así seguiremos movilizadas y coordinadas hasta el cumplimiento de las exigencias mencionadas anteriormente por parte de nuestro gobierno. Dentro de este trabajo destacamos la campaña BDS, Boicot, Desinversiones y Sanciones (herramienta básica de presión internacional nacida de la mayor coalición de la sociedad civil palestina con inspiración en una campaña similar que contribuyó enormemente a derrocar al apartheid sudafricano). 

    Anunciamos el lanzamiento de la campaña destinada al gobierno español por el fin al comercio militar con Israel, con el apoyo de todas las fuerzas sociales, políticas y culturales que quieran respaldarla. Tal y como dijo el activista palestino Mohammed El Kurd frente a la Asamblea General de las Naciones Unidas “El problema no es la ignorancia, es la inacción. La impunidad y los crímenes de guerra no se detendrán con declaraciones de condena y cejas levantadas. Los palestinos hemos articulado en repetidas ocasiones qué tipo de medidas políticas transformadoras deben adoptarse, como boicots de la sociedad civil y sanciones a nivel estatal. El problema no es la ignorancia, sino la inacción”. 

    FIN DEL COMUNICADO

    Comunicado en castellano: Comunicado_RESCOP noviembre 2023_ PDF en castellano

    Comunicado en catalánComunicado_RESCOP_noviembre 2023  PDF en_catalán

    Comunicado en inglés: Comunicado_RESCOP_noviembre_2023_PDF en ingles

    Comunicado en árabeComunicado_RESCOP_noviembre_2023_PDF en árabe

  • Comunicado conjunto sobre caso Salah Hamouri

    Comunicado conjunto sobre caso Salah Hamouri

    Organizaciones del Estado Español reclaman la puesta en libertad del defensor de Derechos Humanos palestino-francés Salah Hamouri, tras seis meses en prisión sin cargos ni juicio por parte de Israel

     

    Ramallah, 15 de febrero de 2018.- Salah Hamouri, defensor de Derechos Humanos y trabajador de la organización palestina Addameer, es una de las 450 personas palestinas que Israel mantiene en prisión en detención administrativa, lo que quiere decir que no sabe qué cargos le imputa Israel para mantenerlo privado de libertad y por tanto no ha recibido juicio.  Basado en informaciones secretas, Salah fue declarado una amenaza para la seguridad según un tribunal militar israelí. Su detención se produjo el pasado 23 de agosto de 2017, en su casa de Kufr Aqab (Jerusalén, Palestina). Un capítulo más de la persecución a la que está siendo sometido Hamouri desde que tenía 16 años así como una prueba más de las políticas de Israel contra todo aquel que trabaje en la denuncia de las constantes violaciones de DDHH que comete.

    Addameer teme que se produzca una renovación de la detención administrativa que debería finalizar el próximo 28 de febrero. Las organizaciones del Estado Español Sodepaz, Paz con Dignidad, Novact, Mundubat, Suds y Al Quds manifestamos igualmente nuestra preocupación porque esto ocurra y reclamamos a Israel que libere a Hamouri y no siga haciendo un uso indiscriminado y arbitrario del mecanismo de detención administrativa como una forma de castigo colectivo y acoso a defensoras y defensores palestinos de Derechos Humanos. Desde Octubre de 2015, las fuerzas de ocupación han intensificado la detención, intimidación, amenaza y castigo colectivo de Defensores/as de Derechos Humanos (periodistas, activistas, miembros de comités populares, miembros de ONGDS de defensa de DDHH) en el TOP, tratando de silenciarlos y penalizarlas por el rol que juegan en la denuncia de las violaciones y crímenes perpetrados contra la población palestina. La Orden Militar 101 del sistema judicial israelí, vigente desde la ocupación militar de Cisjordania en 1967, criminaliza muchas actividades civiles: organización y participación en protestas, formar parte de asambleas o vigilias, portar banderas y otros símbolos políticos, imprimir y distribuir material político.

    Del mismo modo, reclamamos una mayor presión de la comunidad internacional para hacer valer la legislación internacional que amparan la protección de los derechos de la población palestina, en primer lugar por la potencia que ocupa sus vidas, Israel.  Al tiempo animamos a la sociedad civil del Estado Español a que se movilice para poner el caso en conocimiento de cuantas más personas mejor. La campaña bajo el lema #FreeSalah también se desarrolla en redes sociales.

    Qué es la detención administrativa

    En la Cisjordania ocupada y Jerusalén Este, las fuerzas militares israelíes pueden imponer órdenes de detención administrativa a población civil palestina según la Orden Militar 1651. Esta orden permite que se pueda detener a una persona hasta por periodos de 6 meses renovables indefinidamente si existen, según la inteligencia israelí, “razones fundadas de que la seguridad en la zona requiere de una detención”. Estas renovaciones se producen, en ocasiones, incluso durante años.  La detención administrativa decreta secreto de sumario, por lo que no se comunican al acusado los cargos que se le imputan y se le niega, de facto, el derecho a la defensa y al debido proceso legal con garantías. La utilización arbitraria del mecanismo de la detención administrativa es una grave violación de la legislación internacional y de los estándares de respeto a los Derechos Humanos, particularmente de los artículos 72 y 78 de la Cuarta Convención de Ginebra según los cuáles toda persona tiene el derecho a la legítima defensa. Además contraviene el artículo 66 de esta misma convención ya que la detención administrativa no permite asegurar un juicio justo.  Por otro lado, la transferencia de población reclusa a cárceles bajo administración del gobierno israelí contraviene los mandatos del Derecho Internacional Humanitario según el cual como potencia ocupante no se puede transferir población fuera de su territorio. En este momento, según Addameer, hay 6.119 prisioneros/as políticos/as palestinas en cárceles israelíes, 450 en detención administrativa. Justo hoy, las y los palestinos en detención administrativa han iniciado una campaña de boicot a los tribunales militares israelíes aludiendo que “el núcleo de la resistencia a las políticas de detención administrativa deben venir desde el boicot al sistema legal israelí”. Reclaman un mayor apoyo internacional y asunción de responsabilidades por parte de Israel.

    El caso de Salah Hamouri

    Salah Hamouri es investigador de campo de la organización palestina de DDHH Addameer. Tiene 33 años, palestino-francés jerusalemita y se encuentra en la prisión del desierto de Negev (fuera del territorio ocupado) en detención administrativa. La primera vez que fue detenido tenía 16 años y desde entonces ha sido objeto de persecución por parte de Israel. Ha pasado 7 años seguidos en prisión, renunciando a sus derechos como ciudadano francés y manteniéndose comprometido con la defensa de los DDHH de la población palestina. Desde que fue liberado en 2011, estudió derecho y un master en DDHH y se casó en 2014 con una ciudadana francesa. Aplicó por la reunificación familiar, algo que siempre le ha sido denegado. La presión y el castigo en su vida personal han continuado puesto que en 2015, Israel prohibió a su mujer volver a entrar en el país y tuvo que volver a Francia, donde nació el hijo de ambos. Ahora Salah pasa temporadas en Francia para poder estar con su familia y otras en Palestina para continuar trabajando. Israel no sólo se interpone en su vida familiar en este sentido sino que le ha prohibido entrar en Cisjordania lo que ha afectado a sus estudios y al contacto con sus familiares en Palestina. Todas estas medidas suponen un acoso psicológico a Hamouri para que abandone su tierra natal y cese en sus actividades como documentalista de violaciones de DDHH por parte de Israel.

    Comunicado sobre el boicot a las cortes militares israelíes: http://www.addameer.org/news/statement-administrative-detainees-boycott-military-court

    Más información: http://addameer.org/es