UGT, CCOO, CIG, CNT y CUT (y posteriormente STEG, SF Intersindical, SLG y COG) han firmado un manifiesto que pide establecer medidas de presión y evitar las relaciones económicas, políticas y empresariales con el Estado de Israel por vulnerar el Derecho Internacional e incumplir las resoluciones de la ONU. Apoyan de este modo la campaña mundial de boicot, desinversiones y sanciones a Israel (BDS), en la que se denuncian las violaciones y el asedio que padece el pueblo palestino.
El manifiesto exige la finalización de la ocupación militar de Palestina, la paralización y destrucción del muro de Cisjordania, el fin del sistema de discriminación racial, el levantamiento total y definitivo del bloqueo a Gaza y el reconocimiento del derecho de retorno para las personas refugiadas. Los sindicatos se comprometen a denunciar públicamente todas aquellas instituciones y empresas gallegas «que en sus actuaciones antepongan intereses económicos, políticos o de otra índole a los derechos del pueblo palestino y colaboren o legitimen la ocupación colonial de Palestina».
El texto afirma que «el brutal asedio de Israel a Gaza representa hoy la más crítica y urgente de todas las injusticias israelíes contra el pueblo palestino que se manifiesta en forma de innumerables violaciones de los Derechos Humanos y el Derecho Internacional Humanitario». Y recuerda las palabras de Nelson Mandela, que dijo que la justicia para el pueblo palestino se convirtió en la mayor causa moral de nuestro tiempo». Además, denuncia la actitud de la Unión Europea y de los estados miembros, «que permanecen impasibles ante la reiterada vulneración de los derechos humanos, cívicos y políticos de la población árabe de Palestina».
La campaña de Boicot, Desinversiones y Sanciones (BDS) es una iniciativa pacífica liderada desde 2005 por organizaciones de la sociedad civil, partidos políticos y sindicatos que representan a la población palestina, y que está apoyada por una red mundial de entidades que componen el movimiento de solidaridad con el pueblo palestino. La campaña hace un llamamiento mundial a establecer medidas de presión contra Israel y evitar las relaciones económicas, políticas y empresariales con este estado y demanda al mundo entero que boicotee a Israel, a sus instituciones y a sus empresas, y también que retire sus inversiones en las empresas que se benefician de la ocupación o de la negación de los derechos de la población refugiada.
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