Marta Haserrea, de BDS Madrid.
A principios de Marzo recibíamos la noticia de la adjudicación por parte del Ministerio de Defensa español de la compra de 60 millones de euros en cartuchos de pequeño calibre a una empresa israelí llamada IMI (Israel Military Industries) dejando así sin trabajo a la fábrica de armas Nammo Palencia.
Con independencia del debate ético —empleo de armas— y político —utilidad y fin de los ejércitos—, tenemos que atender a las condiciones en las que se ha realizado dicha adjudicación. A falta de que los trabajadores y trabajadoras de Nammo reconsideren su actividad laboral armamentística, que solo trae penurias sobre otros trabajadores como ellos, y de que acusen a IMI no solo por armar a dictaduras reconocidas sino también por suministrar armamento al propio estado criminal de Israel, los trabajadores de la fábrica palentina sí apuntaban acertadamente que Defensa ha organizado una subasta sólo con criterios de coste económico y no un concurso público, donde se valoran otros méritos como la calidad del material o los puestos de trabajo que daría lugar la adjudicación del contrato. El gabinete de Pedro Morenés alega que “no pueden permitirse malgastar dinero público”.
Este método de adjudicación sin embargo no está tan “claro” en el caso de los contratos que Defensa firmó con la empresa Instalaza SA y filiales del mismo grupo, en las que el ministro Morenés trabajó desde 2004 a 2011. El gobierno ha reconocido, ante la pregunta parlamentaria de Amaiur, que desde que Pedro Morenés asumió la cartera de Defensa en diciembre de 2011, el Ministerio ha suscrito 32 contratos con Instalaza y sus filiales, empresas de las que él mismo fue consejero hasta 2009 y representante hasta el 20 de septiembre de 2011. No obstante, el gobierno no ha dado la menor explicación del importe de estos contratos ni ha aclarado si estos contratos se adjudicaron a dedo o, por el contrario, se realizó un concurso público.
Defensa dice haber calculado que el gobierno ahorrará 600 000 euros en seis años optando por la oferta más económica de IMI pero el comité de empresa de la fábrica Nammo Palencia de 250 empleados insiste en que esa es la cifra que corresponde a los subsidios que el estado tiene que pagar a los empleados y empleadas en solo 2 meses. Otro dato “interesante” es que Nammo ofreció igualar la oferta de su competidora pero el Ministerio de Defensa hizo caso omiso de esta contraoferta y continuó con la adjudicación a la empresa israelí.
Todo parece indicar que hay algo más que ahorro de gastos en el contrato con las Industrias Militares Israelíes IMI.
El Estado criminal de Israel cuenta actualmente con el cuarto ejército más poderoso del mundo y es uno de los países con mayor gasto militar (en torno a un 7% del PIB en los últimos años). Su condición de estado ocupante hace que la militarización sea una necesidad para poder llevar a cabo el proyecto de colonización occidental en el que se basa toda su existencia. Israel tiene serias dificultades para mantener su gasto militar.
A pesar de sus violaciones constantes de derechos humanos sobre la población palestina y el incumplimiento del derecho internacional, la mayoría de los países no sólo no sancionan económicamente a Israel, sino que mantienen acuerdos privilegiados con la entidad sionista. En el terreno militar, Estados Unidos es el país que más armamento vende a Israel. En algunos casos la venta se convierte en una donación gratuita al dedicarle partidas de los presupuestos generales para contentar al importante lobby sionista. Aunque otros países también venden armamento a Israel, la mayoría se dedica a importar material bélico israelí. En concreto el Estado Español importa armas, material antidisturbios y cursos de entrenamiento de métodos represivos. Conocidos son los acuerdos del gobierno vasco y la Generalitat con el ejército y las empresas de seguridad israelíes. El alto prestigio israelí en el ámbito de la represión y la guerra se conoce con el sello “Tested in combat”. Sus gases lacrimógenos, sus métodos de tortura y su tecnología militar son de la mejor calidad porque son materiales probados sobre población real, en muchas ocasiones sobre un laboratorio humano llamado Gaza.
El Estado Español está de esta forma ayudando a la militarización de Israel, ayudando a disminuir su gasto militar ya que al importar su armamento hace que la cadena de producción de este armamento se abarate.
IMI es la única empresa israelí de armas con pérdidas. El gobierno israelí financia la empresa con dinero público y ahora, gracias al gobierno español se han adjudicado una oferta millonaria. Este es el verdadero origen de esta adjudicación: socios políticos que colaboran en sus negocios. A costa de la limpieza étnica del pueblo palestino. Y también a costa del empleo de los trabajadores y las trabajadoras de Palencia.
