CAF lidera uno de los pocos consorcios que aún licitan para construir y operar dos líneas de tranvía que conectarán Jerusalén con los asentamientos israelíes en el territorio palestino ocupado. Este proyecto es contrario a la legalidad internacional y supone un nuevo atentado contra los derechos del pueblo palestino.
¡Súmate a nuestra campaña para pedirle a CAF que se retire de este proyecto!
Los asentamientos israelíes en el territorio palestino ocupado, incluyendo Jerusalén Este, son ilegales según el derecho internacional y así lo ratifican numerosas resoluciones de las Naciones Unidas, la Corte Internacional de Justicia, la Convención de Ginebra y otros organismos y mecanismos internacionales de derechos humanos.
Son ya numerosas las empresas internacionales que se han descolgado de este proceso de licitación: la canadiense Bombardier, la australiana Macquarie, la alemana Siemens y la francesa Alstomya se han retirado de esta competición. Por otro lado, Systra, una filial de la empresa ferroviaria estatal francesa SNCF, ya renunció el año pasado; y la semana pasada se dio a conocer la noticia de que un consorcio griego finalmente tampoco ha presentado su oferta. Citty-Pass, la compañía que tiene actualmente la explotación de la línea Roja también ha renunciado a ello.
Varias organizaciones le han enviado ya una carta a la junta de accionistas de CAF pidiéndoles que se retiren de este proyecto. Súmate a nuestra campaña por la justicia y los derechos humanos y mándale un mensaje a CAF para pedirle que se retire de este proyecto que lejos de mejorar la situación en la zona sólo contribuirá a reforzar un régimen de ocupación ilegal, colonialismo y apartheid.
¡Actúa!
Rellena este formulario y envía un mail a la junta de accionistas de CAF pidiéndoles que se retiren de la licitación, como ya han hecho otras grandes multinacionales. Puedes ver aquí la carta completa que enviaremos en tu nombre.
[emailpetition id=”7″]
Comparte alguno de nuestros tweets en tus redes sociales o tu propio mensaje con el hashtag #NoAlTranvíaCAF.
De acuerdo a lo establecido en la Ley Orgánica 3/2018, de 5 de diciembre, de Protección de Datos Personales y garantía de los derechos digitales, te informamos que tus datos serán utilizados exclusivamente para los fines de esta campaña. No serán cedidos, prestados o vendidos a terceros. Tu correo electrónico no se publicará en la web ni será utilizado para otros fines que los de comprobación de identidad en su caso, y de información sobre la campaña de CAF. En caso de querer modificar o eliminar estos datos, puedes entrar en contacto con nosotr@s en causapalestina@gmail.com o boicotisraelbds@gmail.com.
Ho sentim, aquesta entrada està disponible només en Castellano.
La sistemática e incesante opresión ejercida por las fuerzas israelíes de ocupación sobre el pueblo palestino sumada a las recientes limitaciones impuestas en su acceso a la mezquita de Al-Aqsa y a la ciudad vieja de Jerusalén, el asesinato de algunos jóvenes palestinos y la detención arbitraria de decenas de ellos, ha supuesto la chispa que podría hacer estallar este polvorín llamado Palestina.
Algunos palestinos han respondido con ataques a colonos israelíes, colonos que hacen las veces de fuerzas paramilitares que actúan en coordinación con las fuerzas ocupantes, y han matado a dos de éstos, hecho éste utilizado por el régimen israelí para incrementar exponencialmente la ya constante represión contra el pueblo palestino en Cisjordania y Jerusalén. Estos hechos han provocado como respuesta que algunos palestinos se tomarán la justicia por su cuenta y mataran a dos colonos Israelíes, dando al régimen de Tel Aviv la excusa buscada para poner en marcha una nueva “operación de defensa”, cuyo objetivo evidente es la expropiación de más tierras palestinas y una nueva vuelta de tuerca en su política de apartheid y limpieza étnica.
La situación de los llamados territorios ocupados de Palestina empeora por momentos. En las últimas 24 horas al menos 100 palestinos han resultado heridos como resultado de ataques indiscriminados llevados a cabo por colonos israelíes que se han lanzado a la “caza del palestino” en una especie de pogromo generalizado en Cisjordania y Jerusalén Este, en coordinación con las fuerzas de ocupación que, lejos de detener estos ataques, son partícipes directos de ellos. Así ha quedado demostrado con la muerte del adolescente palestino de 18 años, Huthaifa Suleiman, el cual ha fallecido tras haber sido disparado por las fuerzas israelíes durante enfrentamientos en el control de Tulkarem, o con la del niño Abed al-Rahman Shadi Obeidallah, de 12 años, muerto por disparos de soldados israelíes en Aida Camp, Belén. Entre otros ejemplos de la tiranía israelí, los vecinos de la ciudad de Nablus se encuentran recluidos por tercer día consecutivo, bajo situación de toque de queda total, tras la clasificación israelí de la ciudad como zona militar cerrada.
Lamentablemente, pese a la preocupante situación de angustia e inseguridad sufrida en estos momentos por el Pueblo Palestino, los principales medios de comunicación parecen limitar la narrativa de los hechos a la muerte de los colonos israelíes en Jerusalén, limitando gravemente la versión de los hechos y dañando, de este modo, la imagen palestina.
Por este motivo, condenamos abiertamente la campaña mediática encaminada a justificar las agresiones israelíes en base a una presunta respuesta a ataques palestinos. Asimismo, denunciamos la falta de acción tomada por parte de las llamadas democracias occidentales y estructuras supranacionales como la ONU y la UE, cuyos mandatos deben estar basados en la defensa de los derechos humanos. Esta inacción e incumplimiento del derecho internacional por parte de los estados, fortalece la idea que la llamada de la sociedad civil palestina al BDS (Boicot, Desinversiones y Sanciones contra Israel), es más necesaria que nunca.
La trágica situación sufrida por el pueblo palestino, en particular los ataques indiscriminados de los últimos días, requieren de una llamada internacional conjunta. Ciertamente, en tanto la comunidad internacional no adopte profundas medidas, acciones indiscriminadas como las ocurridas en estos momentos en Palestina, seguirán siendo inevitables.
Claramente, el Gobierno de Israel sólo puede llevar a cabo sus acciones en contra del Pueblo Palestino debido al apoyo recibido por sus aliados occidentales. Por este motivo, y bajo el actual contexto de fuertes tensiones y sufrimiento en Palestina, hacemos un llamamiento a los gobiernos, concretamente el gobierno español a condenar este último acto de agresión contra el pueblo palestino, imponer sanciones económicas a Israel, aplicar un embargo de armas, romper todo tipo de relaciones con el régimen israelí, incluyendo la retirada inmediata de embajadas y finalmente intervenir conjuntamente para lograr el respeto de los derechos humanos del Pueblo Palestino y poner fin a la masacre que se está cometiendo.
Finalmente, animamos a la sociedad civil a movilizarse para imponer el respeto de los derechos básicos del pueblo palestino y a apoyar la iniciativa de boicot, desinversión y sanciones (BDS) destinada a presionar a Israel para que ponga fin a la ocupación ilegal de Palestina.
El Pueblo Palestino necesita ahora nuestra solidaridad y apoyo, más que nunca.
Palestina libre.
Red Solidaria Contra la Ocupación de Palestina (RESCOP)
Traducido del inglés para Rebelión por Beatriz Morales Bastos.
Palestina ocupada, 1 de septiembre de 2015 — El movimiento de Boicot, Desinversión y Sanciones (BDS) y sus compañeros de todo el mundo celebran la retirada de la enorme corporación francesa Veolia del Tren Ligero de Jerusalén (JLR, por sus siglas en inglés), un sistema de ferrocarril ilegal construido para facilitar el crecimiento y la expansión de las colonias de asentamiento colonial israelíes en territorio palestino ocupado.
La venta de sus participaciones en el proyecto del JLR supone el fin de toda participación de Veolia en el mercado israelí, incluidos todos los proyectos que violan el derecho internacional y los derechos humanos del pueblo palestino.
Esta venta se produce tras una amplia campaña de siete años de boicot a Veolia debido a su complicidad con la ocupación israelí, que le ha costado varias ofertas de licitación en todo el mundo por valor de más de 20 000 millones de dólares.
En abril de 2015 Veolia vendio prácticamente todos su negocios en Israel, pero hasta ahora había conservado una participación del 5% en el proyecto del JLR. La tarde del jueves [30 de agosto de 2015] el grupo de investigación sobre los derechos humanos Who Profits informó de que Veolia había liquidado su participación del 5% en el proyecto del JLR.
Bajo la presión del BDS Veolia perdió importantes contratos con las autoridades locales de toda Europa, Estados Unidos y Kuwait. Ayuntamientos de toda Europa ha aprobado resoluciones para excluir a la empresa de las licitaciones debido a su implicación en las violaciones de los derechos humanos por parte de Israel.
Por ejemplo, tras la masacre cometida por Israel en Gaza en el verano de 2014 el ayuntamiento de la ciudad de Kuwait excluyó a Veolia de una licitación por valor de 750 millones de dólares para el tratamiento de residuos sólidos.
Los ejecutivos de Veolia han admitido que la campaña [de BDS] ha costado a la compañía “importantes contratos” y varios expertos financieros ha hablado reiteradamente del coste financiero que la campaña ha supuesto a Veolia.
A finales de 2013 la calificación de inversión de Veolia quedó reducida al estatus de “basura” a consecuencia de su enorme deuda de más de 20.000 millones de dólares, una cantidad casi igual al valor total de las ofertas que para entonces había perdido Veolia.
El coordinador general del Comité Nacional Palestino de BDS (BNC) Mahmoud Nawajaa calificó la retirada general de Veolia de los proyectos ilegales israelíes de victoria para todos los activistas de los derechos humanos que han presionado a la empresa:
“La estratégica y esmerada campaña del movimiento de BDS a obligado a una de las mayores empresas de Europa a abandonar el mercado israelí. La retirada de Veolia de Israel supone un ejemplo para todas las empresas que son cómplices con las violaciones de los derechos humanos por parte de Israel. Es una victoria del movimiento de BDS y de todos nuestros compañeros de otros movimientos de derechos humanos que han contribuido a presionar a la empresa”.
Nawajaa añadió: “Pedimos acciones legales contra Veolia por parte de organizaciones especializadas para obligar a esta empresa a pagar indemnizaciones a las comunidades palestinas a las que han afectado negativamente estas violaciones del derecho internacional”.
El JLR se considera uno de los más infames intentos coloniales de normalizar y fortalecer el dominio de Israel en el ocupado Jerusalén Oriental y vincula a las colonias de la ciudad aún más firmemente con el Estado de Israel. El Consejo de Derechos Humanos de las Naciones Unidas consideró que el proyecto era un servicio de las ilegales colonias de Israel en lo territorios ocupados palestinos. La implicación de Veolia en ello, entre otras operaciones israelíes igual de ilegales, ha hecho cómplice a la empresa con las violaciones por parte de Israel del derecho internacional.
La campaña de BDS contra Veolia se emprendió en Bilbao, en el País Vasco, en noviembre de 2008, para presionar a la empresa a dejar de implicarse en las violaciones por parte de Israel de los derechos humanos palestinos.
En 2007 el grupo francés de solidaridad AFPS y la Organización para la Liberación de Palestina llevaron a la empresa ante los tribunales en Francia para obligarla a dejar de ser cómplice con las violaciones por parte de Israel del derecho internacional.
Además de por su implicación en el JLR, Veolia también ha sido el objetivo de la campaña por el papel que ha desempeñado en los servicios de residuos, aguas y autobuses para las ilegales colonias israelíes. Veolia transfirió el control de estos proyectos a otras compañías a medida que aumentaba la presión de la campaña contra ella.
Riya Hassan, coordinadora para Europa del BNC afirmó: “Veolia sigue siendo un objetivo de las campañas de sindicalistas, defensores del medioambiente y en contra de las privatizaciones debido a su historial de políticas en contra de los trabajadores y a su implicación en la privatización del agua pública. Todas aquellas personas a las que siguen afectando las políticas de Veolia y que siguen luchando para hacer responsable a la compañía y para obtener indemnizaciones pueden seguir contando con nuestra solidaridad. El movimiento de BDS lleva en el corazón la solidaridad con otras luchas similares”.
Comité Nacional Palestino de la Campaña de BDS (BNC, por sus siglas en inglés)
Després de l’anunci del vostre proper concert a Jerusalem Est que tindrà lloc durant el Festival de Música Sagrada de principi de setembre de 2015, nosaltres, campanya BDS França (Boicot Desinversions Sancions contra Israel) i de RESCOP Estat Espanyol, hem decidit d’escriure-vos.
En 2004, inspirada pel boicot cultural triomfant contra l’apartheid sudafricà, i sostingut pels principals sindicats i associacions culturals palestines, el PACBI (Palestinian Campaign for the Academic and Cultural Boycott of Israel) ha llançat una crida a la resistència sota la forma d’un boicot universitari i cultural de les institucions implicades en l’ocupació i l’apartheid israelià. En aquesta carta que us adrecem, desitgem remarcar la importància d’aquesta crida palestina, així com les raons ben fonamentades del moviment mundial de Boicot, Desinversions i Sancions (BDS) contra Israel.
La crida palestina de 2004 demana als artistes internacionals que rebutgen treballar a Israel o de participar en esdeveniments que ajuden a representar com a iguals l’ocupant i l’ocupat i a contribuir així al manteniment de la injustícia. Seguidament, en 2005, una majoria aplastant de la societat civil palestina ha cridat a una campanya BDS global fundada sobre els principis dels Drets Humans, de justícia, llibertat i igualtat. El moviment BDS adopta una estratègia no violenta moralment coherent per tenir Israel per responsable segons les mateixes normes dels Drets Humans que les altres nacions.
Fa 40 anys, el Sàhara Occidental fou envaït pel Marroc actuant com una potència colonial, la seua família, a l’igual que una gran part de la població, s’ha vist forçada a exiliar-se als camps de refugiats en Algèria prop de Tinduf, i vosté mateix ha nascut en un camp de refugiats sahrauis.
La seua reputació està íntimament i justament lligada al seu talent però també a la seua expressió constant contra l’ocupació, la injustícia i l’opressió, tant la de les presons com la que pateixen les dones, per la resistència, l’alliberament nacional o fins i tot les conseqüències de l’exili. El tema Lagi explica l’exili que coneix una part dels sahrauis així com altres pobles com el palestí als quals en feu referència.
La caçó Gdeim Izik és un homenatge al gir històric de la resistència sahrauie contra la repressió ferotge de les forces d’ocupació marroquines.
Algunes de les seus cançons són textos escrits per la seua àvia, gran poetessa sahraui, combatent i resistent.
I avui, no comprenem, realment aneu al Jerusalem ocupat a cantar… ?
Vosté, defensora de la resistència palestina, contra l’ocupació i les seues conseqüències terribles que coneixeu tan bé, no comprenem que com a artista Saharaui, que canta per l’autodeterminació dels pobles, actue per a Israel.
Quin gust amarg tindrà en eixe concert – i després d’ell- la llibertat que canteu.
Quin gust amarg tindrà, a Jerusalem, l’eslogan sahraui que llanceu també durant els vostres concerts i que podem escoltar de fons en un dels seus àlbums «La badil, la badil, aan takrir el massir» («No hi ha cap alternativa que no siga el dret a l’autodeterminació»).
No podeu ignorar les relacions que Israel manté amb el règim marroquí, el rol jugat per Israel en la concepció i la construcció del “mur de la vergonya marroquí” que divideix la terra sahraui. I Israel, a més de proveir d’armes i de tecnologia militar al Marroc, proveeix també d’informacions i seguretat militar i policial.
Pot ser espereu, en anant a Jerusalem Est, tenir l’ocasió de retrobar els Palestins i enviar-los un missatge de suport. Però no tingueu aquesta il·lusió. El festival tindrà lloc a la ciutat antiga de Jerusalem ocupada per Israel des de 1967, a l’emplaçament de la ciutadella Mamelouk El Kal’a, reanomenada falsament “Torre de David” pels Israelians. La “Torre de David” és el centre d’activitats culturals, festivals i commemoracions de les creuades, sobre les quals els Palestins de Jerusalem no tenen ni una paraula a dir. Durant els esdeveniments, la ciutat antiga és envaïda per turistes occidentals i israelians, i els seus habitants palestins romanen tancats a casa d’ells. Aquests esdeveniments fan part de la colonització de Jerusalem. Mentre que els festivals i manifestacions culturals organitzats pels palestins són sistemàticament reprimits, els seus locals saquejats i tancats per la policia.
Sabeu també que les forces d’ocupació israelianes posen traves a les activitats dels artistes palestins, limitats contínuament en els seus desplaçaments en Cisjordània i prohibits de sortir de Gaza. Molts d’ells no poden participar als festivals internacionals, i molts d’ells són empresonats en les presons israelianes per haver-se implicat en la resistència cultural.
Mentre que més i més artistes informats i conscients (Lauryn Hill, Roger Waters, Richard Bona…) rebutgen ser-ne còmplices en refusant tota participació als esdeveniments organitzats per les institucions israelianes, li demanem no servir de justificació, mitjançant la vostra presència al «festival de música sagrada», amb una operació que porte a marginar i desposseir encara més els palestins.
Sra. Aziza Brahim, no coopereu pas amb la colonització israeliana, no actueu pas al Jerusalem ocupat en setembre!
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La Red de Solidaridad contra la Ocupación de Palestina (RESCOP) denuncia el cierre de la oficina de Health Work Committees (HWC) en Shufat, en Jerusalén Este Ocupada, e insta al gobierno a que se posicione de forma clara y presione a las fuerzas de ocupación israelí para que revoquen esta decisión.
Israel asaltó y ordenó el cierre de la oficina de HWC en Jerusalén Este Ocupada / AIC
Comunicado de la Red de Solidaridad contra la Ocupación de Palestina (RESCOP) ante el cierre de la oficina en Jerusalén Este de la asociación Health Work Committees (HWC)
Tras recibir la noticia del cierre de la oficina de la organización palestina Health Work Committees en Shuafat (Jerusalén Este) queremos manifestar nuestro apoyo y solidaridad a los y las compañeras de la asociación, así como expresar nuestra denuncia ante este nuevo ejemplo de vulneración de los derechos del pueblo palestino y el Derecho Internacional.
Según el comunicado de denuncia compartido por el HWC el 11 de mayo, los servicios de inteligencia junto con la Policía israelí, asaltaron la oficina de Health Work Committees en Shuafat, Jerusalén Este, y entregaron una orden de cierre del centro durante un año en la que se acusaba a la organización de realizar actividades terroristas. Acusaciones totalmente falsas que han sido rechazadas por la asociación.
HWC es una organización no gubernamental palestina dedicada a los ámbitos de la salud y el desarrollo. Su programa de asistencia médica cubre el vació de atención sanitaria que la ocupación israelí ha provocado en Jerusalén Este y otras ciudades palestinas. En particular, la oficina de Shuafat se utiliza para el Programa de Salud Escolar, que proporciona servicios de salud y vacunación a estudiantes en más de 62 escuelas en Jerusalén. El programa ofrece a decenas de miles de estudiantes servicios de salud y actividades educativas, incluyendo revisiones médicas para la detección preventiva de enfermedades, aulas de medio ambiente para la salud y promoción de la salud a través de la educación. Además, se encarga de implementar el Programa Nacional de Vacunación palestino, debido a que tanto la Autoridad Nacional Palestina como el Ministerio de Salud palestino no pueden acceder a Jerusalén Este por la ocupación israelí. Según la agencia EFE, el Programa de Salud Escolar, ha recibido financiación por parte de las agencias de cooperación del Estado español en varios proyectos. HWC ha sido y sigue siendo organización socia de muchas ONG españolas, como Mundubat, ACSUR, MPDL, APS, Sodepau, Paz con Dignidad, etc.
El cierre arbitrario de la oficina de HWC constituye un nuevo ataque a los derechos humanos del pueblo palestino, particularmente el derecho a la salud y el derecho de asociación. Así mismo, supone un paso más en la política israelí de continuar con la ocupación de Jerusalén Este, en este caso, impidiendo a HWC la prestación de servicios a la población palestina. En 1967 Israel anexionó ilegalmente Jerusalén Este y 28 pueblos palestinos vecinos. A pesar de las condenas y declaraciones de la comunidad internacional, lo cierto es que Israel ha contado con una impunidad absoluta en su proceso de colonización de Jerusalén Este, lo que ha llevado a un punto en la que la vida de la población palestina en el lugar se ha visto gravemente amenazada.
Según Rami Saleh, director del Centro de Asistencia Legal y Derechos Humanos de Jerusalén, las políticas de demoliciones de casas, revocación de permisos de residencia, privación de servicios públicos, ataques racistas impunes de judíos extremistas y allanamiento de viviendas por el Ejército –crímenes de guerra según el Derecho Internacional– forman parte de una estrategia dirigida a cambiar el balance demográfico de la parte oriental de la ciudad.
Desde la Red de Solidaridad contra la Ocupación de Palestina nos unimos al llamamiento de HWC y denunciamos el cierre de su oficina de Shufat. Así mismo, instamos al gobierno del Estado español a que se posicione de forma clara y presione a las fuerzas de ocupación israelí para que revoquen esta decisión y que la oficina de HWC pueda seguir trabajando tan pronto como sea posible.
Además, recordamos que una de las demandas de la sociedad civil europea expresada en el documento Deber y obligaciones de la Unión Europea de la Coordinación Europea de Comités y Asociaciones por Palestina (ECCP) y Mundubat, era que las representaciones europeas en Territorio Palestino Ocupado establezcan “un observatorio permanente para monitorear la persecución y acoso de las Organizaciones de la Sociedad Civil y defensores de derechos humanos palestinos en Jerusalén Este Ocupada, por las autoridades, policía, organizaciones de colonos y grupos nacionalistas radicales israelíes, que les brinde protección diplomática y asistencia legal, y que las embajadas europeas en Israel eleven esta cuestión en su diálogo sobre Derechos Humanos con Israel”.
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La Diputación de Gipuzkoa denuncia que la ocupación israelí de Jerusalén Este se enmarca en un sistema de apartheid que afecta directamente a activistas implicados en proyectos impulsados por el gobierno foral. Llama también a la suspensión del Acuerdo de Asociación UE-Israel.
Recibimiento del velero Estelle en agosto de 2012 / Rumbo a Gaza
El Consejo de Gobierno de Gipuzkoa ha aprobado una declaración institucional frente a la vulneración de derechos que sufre la población palestina. Además, ha denunciado que la situación que se vive en Palestina afecta directamente a activistas implicados en proyectos impulsados por la Diputación en territorio ocupado, mediante la dirección foral de Cooperación Internacional para el Desarrollo.
Declaración Institucional frente a la vulneración de derechos de la población Palestina en Jerusalén Este
En 1967, Israel anexionó de forma ilegal Jerusalén Este y 28 pueblos colindantes, anexión condenada en múltiples ocasiones por el Consejo de Seguridad y la Asamblea General de la ONU que consideran Jerusalén Este como parte integral del territorio Palestino ocupado. Desde entonces, Israel desarrolla una política de traslado forzoso de población, colonialismo y Apartheid contra la población palestina de Jerusalén Este. Esas políticas constituyen violaciones de los Derechos Humanos y graves infracciones de normas imperativas del Derecho Internacional Humanitario, que podrían ser consideradas crímenes de lesa humanidad, crímenes de guerra o crímenes de Apartheid.
La última expresión de estos ataques contra los derechos fundamentales de la población palestina en la ciudad, es la expulsión de la misma de tres jóvenes, prominentes activistas sociales, Daoud al-Ghoul, Majd Darwish, y Saleh Dirbas. Estos tres jóvenes palestinos de Jerusalén han sido deportados por las autoridades israelís de su ciudad natal durante cinco meses desde el 30 de noviembre de 2014. La violación de esta orden de expulsión conllevaría una pena de cárcel para los jóvenes.
La situación de Daoud Al-Ghoul se agravó desde el 9 de diciembre de 2014 en el que recibió una nueva orden militar, esta vez de expulsión del territorio ocupado de Cisjordania.
Daoud Al-Ghoul, es el coordinador de programas para la juventud de los Comités de Salud (HWC) en Jerusalén y de la Coalición de organizaciones de la sociedad civil palestina Kanaan y la persona responsable de la coordinación del trabajo de fortalecimiento de la organización de los y las jóvenes de la ciudad, que la Diputación Foral de Gipuzkoa ha apoyado en las convocatorias de proyectos de Cooperación al Desarrollo de 2013 y 2014.
La expulsión de estos jóvenes es una clara violación del Artículo 49 de la Cuarta Convención de Ginebra, que prohíbe los traslados en masa o individuales, de índole forzosa, así como las deportaciones del territorio ocupado al territorio de la Potencia ocupante o la de cualquier otro país, ocupado o no.
Este no es un caso aislado de persecución contra la sociedad civil organizada palestina en la ciudad, que afecta directamente a los procesos que la Diputación Foral de Gipuzkoa apoya en territorio ocupado palestino. En septiembre de 2014, las fuerzas de ocupación israelís irrumpieron en el domicilio de Iteraf Rimawi, director ejecutivo de Bisan, organización que también participa en proyectos de cooperación apoyados desde la Diputación Foral de Gipuzkoa. Iteraf Rimawi se encuentra detenido bajo la figura de la detención administrativa. Este procedimiento permite a las fuerzas militares israelís mantener a una persona detenida por un tiempo indefinido sin presentar cargos y sin ser puestos a disposición judicial[1]. El pasado miércoles 28 de enero, una semana antes de que terminase el plazo para su puesta en libertad, la detención administrativa de Iteraf Remawi fue renovada durante cuatro meses más.
Por todo ello y atendiendo a nuestro compromiso por los Derechos Humanos de todas las personas y los pueblos,
Denunciamos
La violación de derechos fundamentales de la población palestina en Jerusalén Este que se enmarca en un sistema de discriminación racial y Apartheid.
La criminalización de las organizaciones de las sociedad civil palestina en Jerusalén Este y de los y las líderes sociales que trabajan por la promoción, protección y defensa de los derechos de la población palestina en Jerusalén Este.
Declaramos
Nuestra solidaridad con el pueblo palestino y en concreto con la población palestina en Jerusalén Este.
Nuestro apoyo a los líderes sociales sociales Majd Darwish, y Saleh Dirbas, y de manera muy especial, a Daoud al-Ghoul y a Iteraf Remawi, activos participantes en los proyectos que la Diputación Foral de Gipuzkoa apoya en la ciudad.
La voluntad de la Diputación Foral de Gipuzkoa de no mantener ninguna relación institucional, conceder ayudas o asistencia a ninguna institución pública o compañía privada responsable de graves infracciones del Derecho Internacional Humanitario y normas imperativas del Derecho Internacional en Jerusalén Este ocupada, y en el resto del territorio palestino ocupado.
Demandamos
A las autoridades israelís, la inmediata revocación de las órdenes de expulsión contra Daoud al-Ghoul, Majd Darwish, y Saleh Dirbas así como la inmediata puesta en libertad de Iteraf Remawi.
Al Gobierno Vasco, el establecimiento de una comisión de investigación por parte de la Agencia Vasca de Cooperación al Desarrollo que valore el impacto de las políticas de ocupación, transferencia forzosa y apartheid sobre los proyectos y acciones de cooperación financiadas por los diferentes actores de la cooperación vasca.
Al Gobierno Español que se posicione dentro de la UE a favor de la suspensión del Acuerdo de Asociación UE-Israel debido a las sistemáticas, deliberadas y graves violaciones de los derechos humanos internacionalmente reconocidos en los Tratados sobre Derechos Humanos, en base a lo dispuesto en los artículos 2 y 79 del Acuerdo.
Notas: [1] A pesar de que el régimen de la detención administrativa se utiliza casi exclusivamente para los palestinos de los Territorios Palestinos Ocupados (Cisjordania, Jerusalén Este y la Franja de Gaza), los ciudadanos israelíes y los extranjeros también pueden ser considerados como personas en detención administrativa por parte de Israel (en los últimos años, esta figura legal sólo ha sido utilizada con 9 colonos israelíes frente a la media mensual de 765 palestinos detenidos bajo esta figura).
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Entre el 15 y el 19 de noviembre, representantes de organizaciones de derechos humanos palestinas e israelíes visitaron Bruselas y llamaron a la Unión Europea a cumplir con el derecho internacional y con su propia legislación, con el fin de poner fin a las vulneraciones perpetradas por Israel en Jerusalén Este.
En la conferencia organizada el pasado lunes en el Parlamento Europeo por la eurodiputada belga Marie Arena (S&D), Ingrid Jaradat de la Coalición Cívica por los derechos palestinos en Jerusalén, ha recordado que en 1967 Israel anexionó ilegalmente Jerusalén Este y 28 pueblos palestinos vecinos. “La comunidad internacional condenó enérgicamente la anexión de Jerusalén Este así como la declaración unilateral de Jerusalén como capital de Israel. Sin embargo, ha permitido que 47 años más tarde, la violación sistemática de los derechos de la población palestina de Jerusalén haya alcanzado tales niveles que su existencia se ha visto gravemente afectada”, puntuó Jaradat.
“La frustración de la población palestina de Jerusalén es insostenible y sus experiencias personales les conducen a reacciones desesperadas”, ha reconocido Daoud Ghoul, coordinador de la plataforma de ONG Qanaan. También recalcó que las incursiones a la Explanada de las Mezquitas organizadas diariamente por grupos de judíos extremistas no hacen más que agudizar las tensiones entre ambas comunidades.
Rami Saleh, director del Centro de Asistencia Legal y Derechos Humanos de Jerusalén, ha denunciado que las políticas israelíes (demoliciones de casas palestinas, revocación de permisos de residencia, privación de servicios públicos, ataques racistas impunes de judíos extremistas y allanamiento de viviendas por el Ejército) persiguen cambiar el balance demográfico de la parte oriental de la ciudad. “Mientras muchos palestinos son forzados a abandonar Jerusalén Este, la construcción de asentamientos ha conducido a una situación en la que, a fecha de hoy, la tercera parte de todos los habitantes judíos de Jerusalén son colonos instalados ilegalmente en territorio palestino”, explicó Saleh.
La Coordinación Europea de Comités y Asociaciones por Palestina (ECCP) ha recordado a los miembros del Parlamento Europeo que la Unión y sus veintiocho países miembros tienen la obligación de poner fin a las políticas israelíes de colonización, traslado forzoso de población y apartheid en la parte palestina de la ciudad. Para ello, recomiendan la adopción de las medidas restrictivas contra Israel que la Unión tiene a su disposición.
“Si la UE ha podido adoptar sanciones contra Rusia en unas pocas semanas por el conflicto ucraniano, no entendemos como después de 47 años de colonización ilegal de Jerusalén Este, Europa no ha sido capaz de suspender su acuerdo preferencial con un estado que vulnera sistemáticamente las resoluciones de Naciones Unidas y la IVª Convención de Ginebra”, dio Michael Deas, coordinador en Europa del Comité palestino de Boicot, Desinversión y Sanciones. También señaló que existen muchas compañías europeas que juegan un rol clave en la financiación, facilitación y apoyo a las colonias ilegales y a las violaciones israelíes del derecho internacional en Jerusalén Este.
Agnès Bertrand de APRODEV –consejo mundial de ONG cristianas de desarrollo– señaló que más de 19 gobiernos europeos ya han dado un primer paso positivo al alertar a sus ciudadanos contra las actividades comerciales, económicas o financieras con los asentamientos israelíes, incluyendo los que están situados en Jerusalén Este. No obstante, lamentó que todavía siga siendo una misión casi imposible dar con estas recomendaciones en las webs de los respectivos Ministerios de Asuntos Exteriores, y que no se hayan difundido debidamente entre las empresas europeas.
Asimismo, los participantes llamaron a la UE a excluir de sus proyectos de cooperación en investigación, la Universidad Hebrea de Jerusalén –construida parcialmente sobre suelo perteneciente al barrio palestino de Issawia–. “Es una mala señal, dijo Magali Thill de la RESCOP, que Durao Barroso firmara el acuerdo para la Investigación e Innovación Horizon 2020 entre la UE e Israel –que ha sido dotado con 80 mil millones de euros–, justamente en esa Universidad”.
Los ponentes también pidieron a la UE que apoyara incondicionalmente la ratificación del Estatuto de Roma por la Autoridad Palestina, con el fin de garantizar que los crímenes de guerra cometidos en Jerusalén Este puedan ser perseguidos ante la Corte Penal Internacional.
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La Comisión Nacional en Contra del Muro y los Asentamientos y el Centro de Asistencia Legal y Derechos Humanos JLAC hacen un llamado urgente a las autoridades israelíes, la comunidad internacional y todas las autoridades competentes a frenar de forma inmediata y permanente la transferencia étnica forzosa de beduinos palestinos.
Denunciamos que la población beduina palestina enfrenta una campaña premeditada como parte de una estrategia de limpieza étnica y anexión ilegal de tierras. Ésta pretende expropiarles su identidad y forma de vida ancestral a través de reasentarlos en una serie de “pueblos” de concentración, forzando la urbanización de su estilo de vida y privándolos de sus medios de vida tradicionales.
Las autoridades israelíes recientemente publicaron seis planes que serán implementados en un futuro próximo. Consisten en la transferencia étnica forzosa de beduinos palestinos desde sus comunidades ubicadas en los alrededores de Jerusalén, Ramallah y Jericó, hacia un área adyacente de Jericó, conocida como el área de Nuwei’mah, donde habitan numerosas familias beduinas. Señalamos que esto representa una grave violación del derecho internacional, el cual prohíbe la transferencia forzosa de “personas protegidas”, como es el caso de estas comunidades. Exceptuando en caso de que se haga por su propia seguridad o por una necesidad militar urgente, incluso en estos casos sólo es permisible de forma temporal. Ambas excepciones no son aplicables en este caso.
El Plan Maestro Nuwei’mah, que incluye los planes de Rashayda Oeste (1417-1, 1417-2, 1417-3), Rashayda Este (1418, 1418-1) y Abu Zheman (1419) delimitan un área insuficiente para la reubicación de un número de población beduina aún no determinado. El área descrita queda comprimida entre el asentamiento ilegal de Yitav, una base militar, un puesto de control militar y el área urbana de Jericó. Esto representa un riesgo de sobre población y hacinamiento, enfrentamientos con colonos y las fuerzas israelíes, así como la falta de espacio para el pastoreo, exponiendo a la población beduina como mano de obra barata para los asentamientos israelíes.
Alertamos del riesgo de la proximidad de estos “pueblos de concentración” a los límites de Jericó en área A, esto absolvería potencialmente a Israel de su responsabilidad de garantizar las necesidades y servicios básicos para la población beduina palestina transferida a esta área.
Los beduinos palestinos refugiados comprenden el sector más pobre de la población, muchos de ellos habitan en comunidades no reconocidas, por lo tanto carecen de servicios básicos como electricidad, agua y saneamiento, educación y asistencia sanitaria. Continuamente enfrentan demoliciones de cualquier infraestructura sólida que construyan, incluyendo demoliciones y confiscación de infraestructura financiada por donantes internacionales. Al igual que el resto de la población palestina que vive bajo la ocupación, enfrentan órdenes de desalojo y demoliciones y sus comunidades son clasificadas arbitrariamente como áreas militares y de tiro y más recientemente en proyectos de desarrollo urbanístico como es el caso del Plan E-1.
El coordinador de la Unidad Israelí de Actividades de Gobierno en el Territorio Ocupado COGAT, subordinada al Ministerio de Defensa de Israel, recientemente declaró en el parlamento que “estos planes persiguen evacuar a los beduinos Palestinos del área E-1”.
El Plan E-1 cubre una extensión de aproximadamente 3000 hectáreas que se extienden desde Jerusalén Este, al asentamiento ilegal israelí de Ma’ale Adumim. Incluye en sus diferentes fases el desarrollo de un circuito de carreteras y caminos, nuevas unidades habitacionales, instalaciones turísticas, servicios regionales y de comercio, un cementerio regional y más.
La implementación del Plan E-1 tendría graves consecuencias para la población palestina, exacerbaría el aislamiento de Jerusalén así como la continuidad geográfica entre el norte y el sur de Cisjordania. Tendría un grave impacto en la economía palestina y en su desarrollo social, pondría en riesgo la construcción de un Estado palestino y eliminaría la posibilidad de la “solución de los dos Estados” para palestinos e israelíes.
Declaramos que una vez más el gobierno israelí demuestra sus verdaderas intenciones políticas, imponiendo sus políticas discriminatorias y de segregación en contra de la población palestina. Una vez más, incurren en la violación del derecho internacional humanitario.
En coherencia con las Regulaciones de La Haya y la Cuarta Convención de Ginebra (GCIV), Israel como fuerza ocupante está obligado a proteger las viviendas de las personas protegidas —Israel está vinculado a la GCIV en lo relativo a la protección de civiles en tiempos de guerra, por ser un Estado signatario—.
En el Artículo 49, la GCIV estipula: “Los traslados en masa o individuales, así como las deportaciones de personas protegidas del territorio ocupado al territorio de la Potencia ocupante o al de cualquier otro país, ocupado o no, están prohibidos, sea cual fuere el motivo”.
El Artículo 53 establece: “Cualquier destrucción por la Potencia ocupante de bienes muebles o inmuebles, pertenecientes individual o colectivamente a personas particulares o al Estado, o a otras autoridades públicas, a organizaciones sociales o cooperativas, está prohibida, excepto cuando tales destrucciones sean absolutamente necesarias a causa de las operaciones militares”.
Ante la afirmación de Israel en cuanto a que la Cuarta Convención de Ginebra no aplica al Territorio Palestino Ocupado, la comunidad internacional ha manifestado su rechazo, incluidos el Consejo de Seguridad de Naciones Unidas y la Corte Penal Internacional. La Convención de La Haya de 1907 hace un llamado a todos los Estados miembros a respetar, proteger y satisfacer el honor y los derechos de las familias, la vida de las personas, la propiedad privada así como las convicciones y prácticas religiosas.
Ante todo lo expuesto, exigimos al Estado de Israel:
Detener inmediata y permanentemente los planes de transferencia étnica forzosa de beduinos palestinos, incluyendo los planes maestros E-1 y Nuwei’mah y sus planes secundarios.
Desmantelar su sistema institucionalizado de discriminación en contra del pueblo palestino y eliminar todas las leyes discriminatorias.
Actuar en coherencia y respetar el derecho humanitario internacional, tratados bilaterales y multilaterales relacionados con el respeto y la garantía de los derechos humanos del pueblo palestino.
Cancelar todas las órdenes de desalojo y transferencia sobre la población beduina en la periferia de Jerusalén, el Valle del Jordán y toda el área C en Cisjordania y preservar la existencia de las comunidades beduinas y sus formas de vida.
Trasladar el poder y las responsabilidades relacionadas a la planificación territorial y urbanística en Cisjordania, incluyendo el área C, a la jurisdicción palestina de acuerdo con las leyes internacionales y permitir un sistema de planificación que incluya la participación comunitaria en todos los niveles del proceso de planificación.
Mapa de la zona de Jericó.
Nuevo plan israelí de limpieza étnica para la población beduina en el área de Nuwei’mah.
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Este verano, Israel llevó a cabo otra masacre brutal de palestinos. Más de 2.100 palestinos en la Franja de Gaza sitiada murieron y cientos de miles más se quedaron desplazadas ya que Israel deliberadamente atacó hogares, escuelas y hospitales. Ahora Israel se ofrece para albergar en Jerusalén los partidos de la Eurocopa de fútbol 2020 de la UEFA.
Solidaridad con Palestina y carteles de boicot a Israel en Bilbao en un partido contra el Hapoel.
Israel ha lanzado una guerra contra el fútbol en Palestina: los futbolistas han sido asesinados, estadios bombardeados y se ha negado el permiso a los jugadores para viajar a los partidos.
Entre los muertos en la reciente masacre de Israel están Ahmad Muhammad al-Qatar y Uday Caber, dos jugadores de fútbol de 19 años de edad en el inicio de sus carreras.
Israel espera ser anfitrión de la UEFA 2020 en Jerusalén. Sin embargo, Israel continúa ocupando brutalmente Jerusalén Este, que es reconocido internacionalmente como territorio palestino. El gobierno israelí anunció recientemente 2.220 asentamientos en Jerusalén Este como parte de su continua limpieza étnica de palestinos en la ciudad.
Como ha explicado una carta escrita por equipos deportivos palestinos y organizaciones de la sociedad civil y enviada al presidente de la UEFA Michel Platini: “Con la concesión a la Asociación de Fútbol de Israel del privilegio de acoger en Jerusalén los juegos de 2020, la UEFA estaría enviando un mensaje moralmente preocupante de aprobación —o incluso de recompensa— por las graves violaciones de Israel de los derechos humanos en Gaza, Jerusalén Este y en otros lugares”.
Dile a Platini que la UEFA debe excluir a Israel de la licitación cuando se reúna para decidir quien será el anfitrión de los juegos de la UEFA 2020 el 19 de septiembre.
