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Organizaciones de Derechos Humanos piden al ministro de transportes José Luis Ábalos que restrinja los contratos a empresas como CAF o Alstom mientras vulneren la legislación internacional y los derechos humanos.
Carta al ministro de transportes José Luis Ábalos:
El respeto del derecho internacional en las licitaciones públicas
Su ministerio y las entidades públicas que están en su jurisdicción, tradicionalmente, son las más proclives a la inversión pública. Sobre esta cuestión, es la que queremos llamar su atención sobre el contenido y baremos que debieran contener las licitaciones y contratos que se realizan y la valoración de las empresas que se presentan a los mismos.
Tanto la ley de Contratos Públicos, como las recientes Conclusiones para la Reconstrucción Social y Económica facilitan discriminar positivamente a aquellas empresas que mejor se adecúen a condiciones ecológicas, sociales y económicas responsables, justas y sostenibles. Entendemos que la política de movilidad sostenible debe estar impregnada de estas condicionalidades. Además, el gobierno español está comprometido mediante el Plan de Acción Nacional de Empresas y Derechos Humanos a asegurar el estricto respeto de los derechos humanos por parte de las empresas con las que lleve a cabo transacciones comerciales.
Por ello, queremos informarle de la reciente publicación por parte del Consejo de Derechos Humanos de las Naciones Unidas de una base de datos de 112 empresas que están actuando en los Territorios Ocupados Palestinos al servicio de las autoridades de ocupación y que están directamente involucradas en actividades que mantienen y facilitan graves vulneraciones de derechos humanos. Entre ellas, está la empresa francesa Alstom y la empresa israelí Shapir, socia de CAF.
Es público que la empresa de material y de gestión ferroviaria y de autobuses eléctricos, Construcciones y Auxiliar de Ferrocarriles (CAF) y su filial Solaris están operando y lucrándose en los Territorios Ocupados Palestinos al servicio de las autoridades de ocupación, fortaleciendo las colonias en Cisjordania, lo que les ha ocasionado ya ser denunciadas ante ese mismo organismo de las Naciones Unidas por su actividad incumpliendo los estándares internacionales (UNGP) que exigen que las empresas respeten el derecho internacional humanitario y el derecho internacional de los derechos humanos y hacer caso omiso de la petición de paralizar su actividad desde representantes políticos palestinos a la sociedad civil vasca. La infraestructura que desarrolla CAF y la gestión de la misma refuerza el apartheid israelí y la consolidación de las expropiaciones y expulsiones de sus habitantes palestinos.
Hay que hacer constar que CAF lidera la ampliación y nuevas líneas y su gestión de tranvías entre la ocupada ciudad de Jerusalén y las colonias próximas junto a un socio israelí, Shapir Engineering and Industry y su cliente de autobuses, Egged, la cual también está listada en las 112 empresas denunciadas por las Naciones Unidas.
Por lo tanto, siendo coherentes con la finalidad de la ley de contratos públicos y en línea con el compromiso del gobierno de garantizar que las empresas respeten los derechos humanos le instamos a que dé las instrucciones oportunas para que sean no admisibles a participar en concursos públicos aquellas empresas que como CAF, Alstom y cualesquiera otra que no respeten el derecho internacional, al igual que otras empresas lo fueran por su conducta irresponsable en medioambiente, en asuntos sociales, uso de paraísos fiscales, comportamientos incompatibles con la ética, la responsabilidad social de las empresas y la justicia.
Para extendernos y ampliar estas informaciones, le rogamos una entrevista con Ud., y su equipo.
Atentamente,
NOVACT – Instituto Internacional de la Acción No Violenta
SUDS – Internacionalisme, Solidaritat, Feminismes
Paz con dignidad
Mundubat
Transnational Institute
Servei Civil Internacional
Institut de Drets Humans de Catalunya
Asociación Pro Derechos Humanos de Andalucía
Sodepaz
Nexes
Fundipau
Ecologistas en acción
Consell Nacional de Catalunya
Asociación Al-Quds de Solidaridad con los Pueblos del Mundo Árabe
Comité de Solidaridad con la Causa Árabe
Desarma Madrid
Plataforma por la Desobediencia Civil
Asociación Andaluza por la Solidaridad y la Paz
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Los abajo firmantes nos oponemos al peligroso Acuerdo Transatlántico para el Comercio y la Inversión (TTIP, por sus siglas en inglés) y a los intentos, por parte de algunos políticos estadounidenses, de utilizar el proceso del TTIP para restringir la libertad de expresión política y la campaña en solidaridad con la lucha del pueblo palestino por la libertad, la justicia y la igualdad.
El TTIP pretende incluir cláusulas para coartar la solidaridad con el pueblo palestino.
El TTIP, actualmente en negociación entre la Unión Europea y los EE. UU., constituiría una transferencia de poder a los intereses corporativos sin precedentes y representa un grave ataque a la democracia, a los estándares sociales, a los derechos de los trabajadores y las trabajadoras, así como a la legislación medioambiental. Además, conduciría a privatizaciones irreversibles y a la fragmentación de los servicios públicos, a la vez que socavaría gravemente las medidas para proteger el medio ambiente.
También son sumamente preocupantes el secretismo y la falta de democracia que están caracterizando el proceso de negociaciones, así como el mecanismo propuesto de Solución de Controversias entre Inversores y Estados (ISDS, por sus siglas en inglés), que permitiría a las empresas multinacionales demandar a los gobiernos en un sistema judicial paralelo disponible solo para ellas.
Como organizaciones que nos oponemos a cualquier tratado comercial entre la UE y los EE. UU. que no sirva a los intereses públicos, estamos seriamente preocupados por recientes desarrollos legislativos pendientes de ser examinados por el Congreso de los Estados Unidos que, de ser aprobados, utilizarían el TTIP para poner freno a las campañas de derechos humanos en solidaridad con el pueblo palestino.
El proyecto de Ley para el Fomento del Comercio entre Estados Unidos e Israel, presentada en el Congreso el 10 de Febrero de 2015, haría que cualquier acuerdo comercial entre la UE y los EE. UU. esté supeditado a la voluntad de la UE y sus Estados miembros para reprimir las acciones en contra de los asentamientos ilegales de Israel y su ocupación del territorio palestino.
Bajo los términos del proyecto de ley, los gobiernos europeos estarían obligados a tomar medidas para vigilar y disuadir a los gobiernos, las empresas y la sociedad civil de que participen en campañas de boicot, desinversión y otras formas de presión no violenta destinadas a hacer responsable a Israel por la continua ocupación y las violaciones al Derecho Internacional.
Además, el proyecto de ley está explícitamente orientada a proteger los asentamientos ilegales de Israel de las medidas de rendición de cuentas, a pesar de que la UE y la ONU consideran que los asentamientos israelíes son ilegales según el Derecho internacional. También ha dado lugar a otras intervenciones legislativas en EE. UU., incluyendo una enmienda que fue incluida con éxito en el proyecto de ley de la Autoridad de Promoción del Comercio, aprobada por el Comité de Finanzas del Senado el 23 de abril de 2015, que tiene por objeto la concesión al presidente Obama de la autorización para realizar acuerdos comerciales por vía rápida (‘fast track‘).
Por otra parte, el proyecto de ley nace como respuesta al creciente éxito de las campañas de solidaridad con Palestina en toda Europa y los EE. UU. De ser aprobada, la ley propuesta exigiría a la UE revertir las medidas vigentes ya adoptadas en reconocimiento de sus obligaciones bajo el Derecho Internacional. Entre estas medidas se encuentran la finalización del trato preferencial para las exportaciones procedentes de los asentamientos ilegales israelíes en los territorios ocupados de Cisjordania y la aplicación de las directrices que impiden que los fondos públicos de la UE sean adjudicados a dichos asentamientos.
La UE también ha tomado medidas para alertar a las empresas sobre los riesgos de tener relaciones económicas con los asentamientos ilegales israelíes; los principales bancos europeos han retirado sus inversiones de bancos y corporaciones israelíes debido a su papel en las violaciones del Derecho Internacional por parte de Israel; y se están exigiendo responsabilidades contra grandes empresas europeas como G4S y Veolia por su participación en la infraestructura de la ocupación de la tierra palestina por parte de Israel.
Como consecuencia del ataque de Israel a la Franja de Gaza en 2014, que mató a más de 2200 personas e incluyó ataques deliberados contra civiles, lo que constituyen crímenes de guerra de acuerdo con la ONU y otros organismos, las sociedades de todo el mundo se movilizaron en masa para expresar su apoyo a la lucha palestina por la libertad, la justicia y la igualdad. No vamos a aceptar ningún intento legislativo para silenciar estas expresiones de solidaridad.
Firman:
ELA, Basque Country
Ikasle Abertzaleak, Basque Country
Third World Health Aid, Belgium
Association Belgo-Palestinienne WB, Belgium
Palestina Solidariteit, Belgium
Médecine pour le Tiers Monde (M3M), Belgium
Solidarité Socialiste, Belgium
Plate-forme Charleroi-Palestine, Belgium
Climaxi – Friends of the Earth Flanders and Brussels, Belgium
intal, Belgium
Mouvement ouvrier chrétien, Belgium
Gents ActiePlatform Palestina, Belgium
Links Ecologisch Forum, Belgium
Mouvement Citoyen Palestine, Belgium
Bruxelles Panthères, Belgium
ISM Czech Republic, Czech Republic
Přátelé PALESTINY, Czech Republic
Ne našim jménem! – Za spravedlivý mír na Blízkém východě, Czech Republic
Palestinian Club in Czech Republic, Czech Republic
ICAHD Finland, Finland
Finnish-Arab Friendship Society, Finland
Physicians for Social Responsibility, Finland
Työpaikkojen rauhantoimikunta, Finland
Vlaams-Socialistische Beweging (V-SB), Flanders
CCIPPP34, France
UJFP – French Jewish Union for Peace, France
Association France-Palestine solidarité (AFPS), France
